Entre 2013 y 2024, España perderá la friolera de 2,6 millones de habitantes (un 6 por ciento de la población) fruto de un proceso demográfico en el que confluyen varios factores: un acentuado desplome en la tasa de natalidad, la confirmación del frenazo en la entrada de inmigrantes que ha generado la crisis económica y la salida de población autóctona, sobre todo jóvenes, hacia el extranjero en busca de oportunidades laborales. Es el panorama que dibujan los expertos y el propio Instituto Nacional de Estadística a corto plazo para el conjunto del país.
A ese horizonte de retrocesos escaparán, sin embargo, provincias que, como islotes distribuidos a lo largo y ancho de España, registrarán un proceso inverso con incrementos constantes en sus censos de población. Una de ellas será Ceuta, que acompaña en ese particular listado a Almería, Málaga, Tenerife, Sevilla y Melilla. Es una de las conclusiones que aporta el último estudio elaborado por la Fundación Renacimiento Demográfico, una organización sin ánimo de lucro ni vinculaciones políticas que trata de buscar respuestas al debate sobre los riesgos sociales y económicos que acarrea la merma de población y su envejecimiento paulatino.
El informe, que no hace sino corroborar la tendencia demográfica al alza de Ceuta y Melilla, aporta varias curiosidades. Por ejemplo, que de mantenerse la progresión actual, a finales de 2018 Ceuta, una única ciudad, sobrepasaría en población a algunas provincias enteras, como es el caso de Soria. Y esa circunstancia, alertan los redactores del texto, tendría repercusiones incluso a la hora de concurrir a las urnas: con esa tendencia, la población con derecho a voto superaría a algunas circunscripciones de Castilla y León, que tienen derecho a elegir un mínimo de dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla sólo sientan a un representante en la Cámara Baja. La Fundación Renacimiento Demográfico interpreta que ese fenómeno obligaría a una necesaria modificación de la Ley Electoral.
Un 25% menos de nacimientos
Del resto de conclusiones del informe, destaca que los nacimientos podrían reducirse en España hasta en un 25 por ciento, pasando de 456.000 en 2013 a menos de 340.000 en el horizonte de 2023. La cifra es sorprendente, porque es inferior, revela el informe, a la de los niños que nacían a mediados o finales del Siglo XVIII en un país que, por aquel entonces, contaba con una población inferior en un 80 por ciento a la actual.
En un plazo de tiempo más cercano, en 2017, ya habrá menos nacimientos que muertes, lo que se traducirá en un crecimiento vegetativo negativo, algo que ya ocurre entre los españoles autóctonos pero que, de momento, se ve compensado por el mayor índice de natalidad de los colectivos de inmigrantes. Esos números rojos demográficos no dejarán de aumentar en los años siguientes.
Y el estudio aún alerta de la otra gran preocupación para economistas, sociólogos y políticos: en 2023 habrá 4,1 millones de personas más por encima de la franja de los 65 años, lo que se traduce en un alarmante envejecimiento de la población, con la consiguiente pérdida de potencial laboral y la sobrecarga en el gasto sanitario y de pensiones. Así, el número de ciudadanos con edad para pasar a la jubilación se habrá incrementado un 18 por ciento.
Ese fenómeno afectará a todos los grupos de edad, dando testimonio de un proceso de envejecimiento que sacude a numerosos países desarrollados, en especial a Japón. La edad media de la población pasará de 42 años en 2013 a 45 años en 2023, y en 22 provincias, sobre todo en zonas del interior, será de 47 años o más. El porcentaje de población con 65 años o más años pasará del 17,7 por ciento al 22 por ciento en diez años.
