El portavoz adjunto de Interior, Francisco Márquez, defendió ayer la necesidad del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, destacando que busca el objetivo de “conseguir una seguridad integral, y por tanto, más completa y para ello, desregulariza elementos accesorios, permite la modernización de la gestión, y asume y da forma legal, en definitiva, a elementos que la sociedad ya ha incorporado con naturalidad a su concepto de seguridad”.
Durante su intervención en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Seguridad Privada, Márquez subrayó que la actual Ley 23/1992 es una buena ley “que ha permitido el crecimiento ordenado del sector de la seguridad privada, que en la actualidad es de una gran importancia: más de 85.000 personas empleadas, 1.500 empresas, una facturación anual de más de 3.200 millones de euros...”.
“Es un sector, por tanto, que merece una especial atención en este momento de recuperación económica en el que debemos todos volcarnos en apoyar nuestras empresas, a los generadores de empleo”, añadió.
“Pero en los veinte años de la actual normativa”, continuó, “se han detectado problemas que se deben corregir y abordar sin dilación” y a todo ello hace frente la Ley de Seguridad Privada, “como también lo hace a la necesidad de adaptar nuestra legislación a la directiva de la UE sobre el libre acceso a las actividades de seguridad, algo que la actual normativa no aborda en su redacción inicial”.
Por ello, Márquez destacó la necesidad de una nueva Ley, que busque “la evolución en el concepto de la seguridad, desde un marco donde la seguridad privada y la pública se consideraban compartimentos cuasiestancos, con difícil relación entre ellos más allá de la mera insubordinación, hasta un concepto de seguridad integral”.
Para el portavoz popular, “esa es la verdadera noticia de esta Ley, que sin renuncias al monopolio del poder público del Estado sobre la Seguridad, reconoce la conveniencia y necesidad de estimular la cooperación público-privada en este ámbito, impulsando las capacidades ciudadanas de crear o utilizar servicios de seguridad y reforzando así el sentido global, integral del mismo”.
Francisco Márquez señaló que la Ley, “además de abrir un nuevo escenario de futuro, aborda los problemas de hoy”, como es la nueva regulación de la investigación privada. “Nos parecen particularmente positivos aspectos tales como la delimitación de su campo de actuación, y el requisito fundamental de la acreditación de un interés legítimo para poder actuar, con la obligación de hacer un informe por cada servicio contratado, al que solo pueden tener acceso autoridades judiciales”, explicó.
Otra de las novedades que incorpora el Proyecto de Ley es “la apertura del campo de actuación de las empresas, algo que el GPP apoya de forma entusiasta”; la liberalización de actividades que dejan de estar en el ámbito regulado por esta Ley, la seguridad privada, y aligeran la carga administrativa; o la mejor y más actual delimitación de competencias entre CCAA y el Estado.
Márquez subrayó que la Ley “no pretende privatizar servicio público alguno, no se pretende eliminar y reducir función pública alguna y ningún puesto reservado a funcionarios públicos se va a sustituir, lo único que se pretende es potenciar la colaboración que se ofrece con los servicios de seguridad privada”.
Finalmente, aseguró que la Ley ha sido “muy trabajada por el Ministerio y profundamente con el sector y multitud de organismos e instituciones y es un proyecto que nace con un alto grado de consenso del sector al que va a servir”.
“Creo que es un proyecto oportuno para un sector consolidado y maduro con un gran potencial de crecimiento nacional e internacional, que necesita de una renovación normativa que lo impulse”, concluyó.
