El colectivo de sirios que ha ocupado una parte de la Plaza de los Reyes presenta una lista de solicitudes que, a modo de presión, pretende que sea admitida por la Administración. Si la Delegación del Gobierno tuviera que plegarse ante cualquier requerimiento de la población inmigrante que llega a Ceuta esto sería un caos, además de que se estaría ejerciendo un irresponsable ejercicio de discriminación sobre el resto de colectivos que optan por esperar pacientemente a que sus casos vayan resolviéndose. Quien haya asesorado al colectivo sirio para que opte por esta vía ha cometido un error.
Cuatro meses es el mayor tiempo de estancia que tienen los sirios en Ceuta. Esto comparado con los tres años que han aguantado los costamarfileños o los casi cuatro que marcaron la estancia de los recordados indios del bosque resulta esperpéntico. Hay casos de petición de asilo que llevan bloqueados muchísimo tiempo, algo que ha sido incluso denunciado por las oenegés y el propio Defensor del Pueblo, forzando a la Administración a que acelere los mecanismos para resolver expedientes que, por su tardanza, pueden hacer que se pierda el auténtico sentido de esta figura de auxilio al inmigrante. Llevar, como máximo, cuatro meses de espera no es, ni por asomo, un periodo crítico como para optar por la vía de la presión y el plante en plena Plaza de los Reyes. Una plaza que, no olvidemos, es pública y que no debe ser escenario del ejercicio irresponsable de la libertad que algunos ejercen de esta forma porque supone quebrantar el libre ejercicio de la libertad del resto. Tensar la cuerda de esta manera no favorece ni a la vía diplomática que existe (aunque lenta) para solventar los problemas ni al propio bienestar de los integrantes de este colectivo que tienen a su cargo a menores.
No es la primera vez que algunos inmigrantes intentan resolver sus problemas de esta forma: organizando un plante para presionar a una Administración que no se pliega a este tipo de reclamaciones porque, de hacerlo, se comportaría como un órgano veleta y, además, incumpliría el trato igualitario que debe darse a toda la población de sin papeles que llega hasta esta frontera sur de Europa.
No es la salida que se debe elegir, ni es la conducta mejor asesorada por la que pueda optar un inmigrante, puesto que la historia reciente demuestra que, de esta manera, nada se consigue.
Sí es cierto que entre la lista de quejas que presentan las familias sirias hay una que debe ser analizada con detenimiento. Y es la relativa a la petición que hacen para que las unidades familiares residan en módulos (algo que ya el Defensor del Pueblo recomendó que se hiciera) y las quejas que presentan contra algunos inmigrantes que, como los argelinos, muestran un carácter agresivo que les hace tener miedo por sus hijos. Este punto sí es clave porque coincide con lo que otros inmigrantes han denunciado con anterioridad. Ahí es donde debe intervenir la dirección del CETI ya que debe garantizar que los menores que viven con sus padres no se sientan amenazados ni coaccionados, al igual que el resto de residentes que habita un centro en el que no se puede permitir que otros adopten modos agresivos dirigidos no solo contra ellos sino, también, contra los propios trabajadores del centro.
Pero esto no se soluciona con asentamientos en una plaza pública, sino con el diálogo y la denuncia.
