{jaimage crop="TC" /}La Comisión de Investigación parlamentaria sobre los pagos efectuados por la Ciudad a Urbaser como adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras durante los últimos once años
cerró ayer su exiguo ciclo de comparecencias cumpliendo las expectativas, sin aportar ninguna novedad sobre el asunto.
Después de que el mes pasado diesen su versión del caso diferentes políticos como Yolanda Bel, Gregorio García Castañeda o Emilio Carreira y el técnico contable Federico Cuenca, ex alto cargo político del GIL también en la época en la que se renovó el contrato, ayer fue el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, el que respondió a las preguntas de los grupos políticos con representación institucional. Minutos después, en declaraciones a los periodistas, el líder del Ejecutivo local repitió que, desde su punto de vista, la creación de dicha Comisión ha sido solamente “un intento del secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, por organizar y prolongar un escándalo público a costa de una cuestión técnica y contable como es la liquidación de un contrato de la Administración”.
“Tengo la sensación de que no ha dado nada que no estuviera ya en los papeles y de que nos lo podíamos haber ahorrado, pero esta mañana he respondido a todas las preguntas que se me han querido plantear en una sesión que ha transcurrido en un tono distendido y cordial y, si ha servido para reiterar algunas cosas, bien está”, se dio por conforme.
Lo que Vivas “reiteró” a puerta cerrada fue que los pagos a Urbaser están “claros” en el expediente finiquitado por su Gobierno este verano y que, en cualquier caso, el tema radica en una polémica “técnico-contable” de tal envergadura que “a estas alturas no creo que nadie pueda tener un pronunciamiento rotundo y categórico al respecto”. “Seguramente”, reconoció, su solución final no se conocerá más que en “los Tribunales”.
Allí deberá resolverse si es la Ciudad la que debe alrededor de 10 millones de euros a Urbaser, como entiende la empresa, por la aplicación de subidas de sueldo y la limpieza de los polígonos del Tarajal, o si es la antigua concesionaria del servicio la que adeuda casi 5 a la Administración por haber percibido de más en concepto de amortización de maquinaria.
Sea como fuere, Vivas sigue convencido de que el Ejecutivo local “ha actuado de forma correcta” desde el principio hasta el final. En 2001, porque “se introdujo un requisito adicional para la renovación del contrato como fue la realización de una auditoría que comprobase que el precio global del servicio cubría sus costes y garantizaba la estabilidad de la concesión sin producir un enriquecimiento injusto para ninguna de las partes”.
Después, porque “nunca se pagó ni un euro más del precio auditado, que era el razonable de acuerdo con los Pliegos y sus condiciones, la habitualidad y la costumbre, sin que jamás se acreditase una sobreamortización”.
Al final, porque “de inmediato y de oficio, en cuanto se supo de ese posible fenómeno en el momento en el que se podía descubrir, al incorporar la maquinaria al inventario de la Ciudad, se actuó en consecuencia y se reclamó a la empresa lo que han dictaminado los técnicos que había que reivindicar”.
Los Populares, la coalición Caballas y el PSOE acordaron ayer darse algo más de dos semanas de plazo para elaborar sus conclusiones sobre el desarrollo de la Comisión y, antes de finales de mes, volver a verse las caras con el fin de intentar consensuarlas, algo que se anuncia probable según todas las fuentes consultadas por este periódico.
Con o sin acuerdo, el dictamen conjunto o por separado de los grupos políticos con representación institucional deberá someterse a la consideración de la Corporación, previsiblemente en la Sesión Plenaria de este mes, con el fin de darle carpetazo definitivo a la Comisión a la espera de que los Juzgados resuelvan el litigio económico entre la Ciudad y Urbaser, por un lado, y la denuncia a la Fiscalía presentada por Carracao, por otro.
Caballas cree que queda “acreditado” que “no había control” sobre los pagos a la empresa
El líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali, cree que la Comisión parlamentaria de investigación sobre los pagos a Urbaser entre 2001 y febrero de 2013 no ha servido más que para “ratificar lo que la coalición Caballas viene denunciando desde hace meses y años: que los pagos a la empresa que se encargaba de la limpieza pública y la recogida de basuras se efectuaban sin un mínimo de control y diligencia sobre lo que la ciudadanía recibía en contraprestación en forma de servicios por los pagos de la Administración”.
“El presidente ha venido a reconocer que los pagos se efectuaron siguiendo un patrón de ‘costumbre’ que no se corresponde con la forma que un Gobierno debe tener de fiscalizar sus concesiones”, lamentó el diputado localista.
Desde que se conoció el primer informe de Cuenca alertando de un supuesto ‘descuadre’ en los pagos a Urbaser la coalición Caballas no ha ahorrado críticas a la gestión del PP, aunque siempre ha sido cauta a la hora de tildar de “ilegales” los desembolsos realizados, fruto a su juicio de un contrato viciado de origen. “La empresa, lo hemos denunciado muchas veces esta legislatura y antes, ha cobrado más de lo merecido, pero legalmente porque figuraba en aquel contrato: se ha expoliado y se han pagado a precios de oro cosas que no lo eran, pero conforme a contrato”, argumentaron a finales de abril Ali y Aróstegui sobre una polémica en la que a su juicio Carracao jugaba el papel de “tonto útil” al servicio de “intereses espurios”. La coalición, que únicamente interesó individualmente la comparecencia de Federico Cuenca como ex director general de Presupuestos del GIL y del ex consejero Jesús Simarro, al que el técnico señaló como responsable único de la renovación del contrato pero que no aceptó venir a declarar, elaborará ahora sus conclusiones sobre el desarrollo de la Comisión.
