Se ha advertido de que no hay que ver a las familias sólo como una red de protección, sino, sobre todo, como un agente de inclusión. Por ello, en su opinión, hay que ver qué políticas públicas tenemos que diseñar para conseguir ese papel de la familia como agente de protección y promoción de la inclusión. Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño, ha asegurado que su departamento está poniendo en marcha distintos planes de acción en este sentido, ya que da “mucha importancia” a las familias, por lo que impulsarán políticas y harán que la familia sea protagonista en la discapacidad.
El doctor en Sociología y director de la consultora Intersocial, Agustín Huete, ha destacado que en España el 93% de las personas con discapacidad viven en el hogar familiar y el 55% son los que reciben apoyo de las familias; la discapacidad se asocia a la edad, por lo que la mayoría de las personas con discapacidad son personas mayores; más de 600.000 personas con discapacidad viven solas y casi 900 hogares están compuestos por personas con discapacidad; y un 20% de la población con discapacidad en España está asociada a entidades sociales de la discapacidad, mientras que el 80% restante, no.
Algunos de los datos más destacados son que el soporte a las personas con discapacidad dentro de las familias son las mujeres y hay que destacar que en 2008 las familias de personas con discapacidades en España gastaron más de 3.000 millones de euros. Es decir, según ha expuesto, como media, el 10% del presupuesto familiar va destinado a personas con discapacidad, cuando tienen un menor acceso a ingresos, una actividad laboral más baja y unos salarios más bajos también.
A la luz de la Convención de la ONU
La Convención de la ONU reconoce a los discapacitados el derecho a formar o crecer en el seno de una familia; a contraer matrimonio y a ser madres y padres; su relación con los derechos humanos de capacidad jurídica e integridad personal; la obligación de prestarles apoyos; y la existencia de vulneraciones muy graves, que han sido recogidas en informes del CERMI. Entre ellas, las esterilizaciones involuntarias a discapacitados, la discapacidad como argumento en los divorcios o la retirada de la custodia a padres con discapacidad intelectual.
