Según explicó ayer el diputado localista Juan Luis Aróstegui, el primer grupo de la oposición espera que Simarro “o Federico Cuenca, como director general de Presupuestos que fue del GIL” sean capaces de arrojar luz sobre la prórroga del contrato que ha dado pie a una sobreamortización de la maquinaria cifrada finalmente por el Ejecutivo local en más de 4 millones de euros.
“Sus explicaciones y las de la empresa son las únicas que no aparecen en el expediente, del que ya hemos solicitado una copia íntegra, pero en cualquier caso durante el avance de los trabajos de la Comisión nada nos impedirá solicitud nuevas comparecencias”, recordó Aróstegui.
Sin obligación de comparecer y con dos meses de plazo para resolver
Ninguna de las personas a las que acuerde citar la Comisión de Investigación de la Asamblea tendrá la obligación legal de dar su testimonio ante ella, algo que sí implican las que se constituyen en las Cortes Generales. Además, los grupos políticos con representación institucional han acordado que a los técnicos citados (el PSOE ha pedido explicaciones del interventor, el tesorero y la secretaria general de la Ciudad, entre otros) se les dé la posibilidad de pronunciarse verbalmente o por escrito. En cualquier caso, los extremos sobre los que deba informar la persona requerida “deberán serle comunicados con una antelación mínima de tres días hábiles”. Las conclusiones de la Comisión, que en principio deberían extraerse en dos meses, se discutirán y en su caso se aprobarán en el Pleno “por acuerdo de la mayoría absoluta”.
