Abdelah Mohamed Abdelah Riffi mira hacia el frente a unos terrenos hechos añicos. Una carretera atraviesa una finca que su padre compró con todos los ahorros que había conseguido durante su vida profesional como comerciante en una tienda de comestibles. “Comía pan con aceite, siempre nos lo recordaba, para poder ahorrar y dejarnos esta herencia: 50.000 metros cuadrados que les compró a los militares por 54.000 pesetas de entonces”.
Dice, apenado, que ahora si viera en lo que se han convertido, se revolvería en la tumba. Lo suyo es una lucha que lleva años empeñado en ganar a la Ciudad. Asegura que le ha quitado, “ni siquiera expropiado”, parte del terreno para urbanizar una carretera, una rotonda y además permitir que decenas de casas se asentaran en los alrededores con total impunidad. “Fue en el año 2000 cuando entraron sin permiso al terreno y comenzaron a realizar las obras, lo pusimos en manos de abogados, pero hasta hoy no hemos podido hacer nada”, reconoce junto a su hija Yamilah y uno de sus sobrinos, Asiz.
A los pies del Príncipe, donde sus padres criaron a sus siete hijos, se encuentra el terreno de la discordia. Y, presidiéndolo, una mezquita cuyo terreno fue cedido de manera gratuita para beneficio del vecindario por un comerciante modesto que “también permitía a los que le pedían un espacio para poder vivir, que se construyeran una chabola al menos bajo la que tener un techo”. Y en el resto del terreno, los herederos del comprador recuerdan los árboles frutales y los huertos que les daban de comer y por los que corrían y jugaban a todas horas.
La famosa Loma del Mojito, nombre con el que consta en los planos de la zona, comenzó a sufrir movimientos de tierras para ejecutar el proyecto de una carretera hacia la nueva cárcel “y todo sin nuestro permiso, de hecho, bajo amenaza porque en una zona los vecinos echaban vertidos y la Ciudad nos dijo que a cambio de quitarnos una multa de 60.000 euros se meterían en el terreno, pero deberían habérnoslo expropiado, qué menos”, lamentan. Se sienten defraudados, engañados y sobre todo avergonzados de un sistema judicial que no les ha permitido hacer frente “a esta injusticia en la que además se nos ofrecía tan sólo diez euros por metro expropiado y éso, sinceramente, es una auténtica miseria”.
Por eso piden que se haga justicia y no se quede el tema archivado sin más. “Contratamos a varios abogados pero al final llegaron a acuerdos con la Ciudad y dejaron el caso pero nosotros no nos vamos a rendir por lo que creemos que es justo. Hay pruebas de todo, mojones antiguos que dicen donde están los lindes del terreno, en los planos se demuestra y las formas no han sido las apropiadas para hacer lo que han hecho”, insisten. Por eso, siguen en pie de guerra. Siguen así para mantener viva la historia de sus vidas.
