Tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en símbolos y monumentos, perviven más elementos de los que se aprecian a primera vista, ya sea porque no resultan conmemorativos, tienen carácter artístico o bien por decisión de su titular.
Los marchadores que cruzan la Marina Española ya depararon en esta arqueta de telecomunicaciones clavada en la acera, en las proximidades de la Rampa de Abastastos. Forjado sobre la placa metálica, se dibuja el Águila de San Juan, que el escudo de España lució durante el periodo franquista. Mientras pasan junto al lugar, los senderistas giran la cabeza para ver de qué se trata aquello que capta la atención de los curiosos.
Este símbolo predemocrático que escapa a la vista por su ubicación, en el suelo, podría ser el superviviente a la Ley de Memoria Histórica aprobada en diciembre de 2007. Sin embargo, no es el único que pervive en la ciudad.
En la anterior etapa socialista, el Congreso de los Diputados aprobó este cuerpo legislativo por el cual la “democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos” en la Guerra Civil y la dictadura. Entre las aplicaciones de la normativa, el artículo 15 comprende aquellos símbolos y monumentos públicos que hacen referencia al régimen y cuya retirada debe ser efectiva de acuerdo con su contenido.
Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, están obligadas por la Ley de Memoria Histórica a adoptar las medidas “oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.
Entonces, ¿por qué perduran esos objetos en las fachadas y otros elementos arquitectónicos en el medio ambiente urbanístico de Ceuta? El motivo podría estar en el propio artículado: estará exento de retirada cuando las menciones sean de “estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley”.
Por tanto, esas circunstancias deberían concurrir, por ejemplo, en el caso de la arqueta de telecomunicación de la Marina que continúa en su ubicación original. Desde la Ciudad Autónoma comentan que es propiedad de una compañía telefónica y, posiblemente, incluso esa empresa desconozca su existencia o simplemente olvidara que porta la insignia franquista ya que la placa metálica cumple con su función de forma correcta y en ningún momento se plantearon revisarla para su sustitución por deficiencias.
La presencia de este supuesto que se podría repetir en otros lugares queda justificada, pero éste no es el último vestigio franquista que pervive en Ceuta. En el barrio de O’Donnell, dos mosaicos con el águila que los defensores de la Ley de la Memoria Histórica consideran anticonstitucional, continúan adosados a la fachada de un edificio. En principio, carece de carácter conmemorativo y podría tener un valor artístico, razones que harían posible que siga en ese lugar.
Unos cientos de metros en dirección a la avenida de África, en la mezquita Mulay Mehdi, podemos encontrar otro recuerdo del régimen anterior a la democracia. Esta alabanza a la figura del caudillo tampoco puede ser extraída del templo religioso puesto que correspondería a la comunidad, en este caso la musulmana, la decisión de deshacerse de este recuerdo a quien estuvo tan estrechamente relacionado con su construcción.
No es el único credo que mantiene estos recuerdos en sus dependencias. La Plaza de San Daniel, en la cara posterior de la Catedral de Ceuta, exhibe otro de estas excepciones. Una enorme cruz de piedra conmemora a los caídos por Dios y por España la cual, al estar ‘acogida a sagrado’, tampoco puede ser intervenida por la administración y sería competencia de la Iglesia adoptar una resolución sobre esta cuestión.
Según la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica, su intención es contribuir a “cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura”. El mismo texto añade que, “profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y concordia de la Transición, no son solo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados sino también la democracia española en su conjunto”.
No obstante, este cuerpo legislativo también regula la declaración de ilegitimidad de los tribunales durante la Guerra Civil; la declaración de reparación y reconocimiento personal; la mejora de prestaciones reconocidas; las medidas para la identificación y localización de víctimas; el reconocimiento a las asociaciones de víctimas; las edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos y la creación de un centro documental de la memoria histórica y el archivo general de la Guerra Civil.
Dependiendo de cada conciencia, para unos resulta cómico pisar la placa con el águila en la Marina mientras que otros prefieren esquivarla en su paseo. No se puede ser políticamente correcto en todos los rincones de la ciudad autónoma.
Un lustro más tarde. Cambio de prioridades para la Administración: Hace cinco años que se aprobó la Ley de Memoria Histórica. Desde entonces, las prioridades de la Administración han cambiado no solo por el cambio de partido político al frente del Gobierno, sino también por la situación económica desde que comenzara la crisis. Aunque los defensores de este cuerpo legislativo consideran que sus reivindicaciones han caído en el olvido, su articulado continúa vigente y es de obligada aplicación aunque con sus excepciones.
