Llevo desde 1978 comprometido con el SÍ a la Constitución. No lo hice por un partido, ni por un líder, ni por una ideología concreta. Lo hice porque creía, y sigo creyendo, que España necesitaba un proyecto común en el que todos pudiéramos convivir desde nuestras diferencias, con derechos, libertades y respeto mutuo.
Pero tengo que reconocer que, desde hace años, percibo una fractura cada vez más profunda entre los españoles.
Todo comenzó con el desafío independentista catalán, que puso a prueba nuestro marco constitucional y nuestra convivencia. Después llegó la amnistía a los responsables del procés, una decisión política vinculada a la aritmética parlamentaria necesaria para la investidura de Pedro Sánchez y que también ha acompañado el debate sobre la gobernabilidad de Cataluña tras la investidura de Salvador Illa.
Podemos discutir legítimamente las decisiones de nuestros gobernantes. Lo que no deberíamos normalizar es que cada decisión política termine convirtiendo a una parte de España en enemiga de la otra.
A esta tensión se suman tragedias como los accidentes ferroviarios, las controversias sobre la gestión de los servicios públicos y una crisis migratoria que afecta especialmente a territorios como Ceuta y a espacios fronterizos como La Laguna. Son problemas que requieren transparencia, responsabilidad institucional y soluciones, no enfrentamientos ni utilización partidista del sufrimiento.
Me preocupa el rumbo que estamos tomando. Me preocupa que estemos cruzando líneas que deberían permanecer intocables: el respeto al adversario, la igualdad ante la ley, la solidaridad territorial y la defensa de nuestras instituciones.
La historia de España debería servirnos de advertencia. En 1936 nuestro país cruzó demasiadas líneas, perdió la capacidad de entenderse y terminó sumido en una guerra civil que dejó heridas durante generaciones.
No estoy diciendo que España esté abocada a repetir aquella tragedia. Estoy diciendo que tenemos la obligación histórica de no alimentar los enfrentamientos que destruyen la convivencia.
Ningún político, ningún partido y ninguna investidura están por encima de la concordia nacional.
España no necesita ciudadanos enfrentados por su origen, su religión, su cultura o su pensamiento. Necesita ciudadanos libres, iguales en derechos y capaces de discrepar sin odiarse.
Y a los políticos, de todos los colores, les pediría algo que parece haberse olvidado: recuperen la cordura, bajen el tono, abandonen la política del enfrentamiento y vuelvan a pensar en el interés general.
La Constitución de 1978 no nació para que nos pasáramos la vida enfrentados. Nació para que aprendiéramos a convivir.
Yo sigo creyendo en aquel SÍ de 1978.
Porque antes que las siglas, antes que los intereses electorales y antes que cualquier ambición personal, está España y están los españoles.
LA CONVIVENCIA ES NUESTRO MAYOR PATRIMONIO. NO LA DESTRUYAMOS.






