El Congreso ha rechazado este viernes los dos decretos de vivienda que se aprobaron el pasado martes en el Consejo de Ministros tras el acuerdo de última hora al que llegaron PSOE y Sumar y que se vio acelerado por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid. Esto durante una sesión seguida de cerca desde Ceuta.
Primero, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el decreto ley de vivienda que contenía medidas como la prórroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los "fondos buitre" y beneficios fiscales para caseros e inquilinos. Esto, con un resultado final de 172 votos a favor y 178 en contra.
La votación se ha celebrado de forma presencial mediante el llamamiento individual de los diputados uno por uno.
El bloque contrario a la convalidación de la norma ha sido articulado por el PP, Vox, Junts y UPN, mientras que la iniciativa ha contado con los votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria.
Medidas e incentivos del paquete normativo sobre el alquiler
Este primer decreto ley de vivienda derogado contemplaba una prórroga de dos años para los contratos de arrendamiento que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028. Asimismo, fijaba topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027, aplicando un 0 % si el precio superaba el máximo del índice de referencia o un 2 % en caso contrario.
En el ámbito social y fiscal, el texto establecía la protección frente a desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, deducciones fiscales para inquilinos, bonificaciones para pequeños propietarios y préstamos ICO a interés 0 % destinados a la entrada hipotecaria.
Adicionalmente, fijaba un 10 % de IVA a los pisos turísticos, una bajada del IVA al 4 % para la vivienda protegida, la regulación del alquiler de temporada o por habitaciones y restricciones a la compra especulativa por parte de fondos de inversión hasta finales de 2028.
Posicionamientos políticos y debate en la Cámara Baja
Minutos antes de la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en el pleno para pedir el apoyo de PP y Junts a un paquete de medidas que definió como ambicioso y necesario, advirtiendo de que su rechazo provocaría un daño inmenso al país.
En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto con grupos parlamentarios de la izquierda como Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, situaron al bloque del no del lado de los especuladores y fondos buitre.
Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mantuvo su veto al texto tras rechazarse la retirada del decreto para entablar una nueva negociación.
Coincidiendo en el voto en contra, PP y Vox sostuvieron que la ley no daba respuesta al acceso a la vivienda ni protegía a los colectivos vulnerables. Finalmente, el PNV criticó la intolerancia del debate y acusó al Ejecutivo de legislar en caliente, al tiempo que representantes de Coalición Canaria y UPN plantearon de forma abierta la conveniencia de convocar elecciones anticipadas.
Apenas 16 horas en vigor
Asimismo, el Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes el decreto ley que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler tras permanecer apenas 16 horas en vigor.
La votación concluyó con 166 votos a favor —procedentes de formaciones como PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC— y 184 votos en contra, apoyados por PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC. La norma, publicada previamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contenía un único artículo que obligaba a los arrendadores a justificar la no renovación de un contrato o a indemnizar al arrendatario.
La propuesta recogía las exigencias de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid.
Postura del Gobierno y críticas a la oposición
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asumió la defensa del texto normativo acusando a los partidos que votaron en contra de alinearse con una "oligarquía rentista" y de traicionar a la ciudadanía.
Asimismo, el titular del ministerio instó a los grupos parlamentarios críticos a hacer públicas sus reuniones y denunció la existencia de una campaña infundida por los lobbies inmobiliarios. Por su parte, socios de investidura como BNG y Bildu valoraron el decreto como un punto de partida inicial, al tiempo que ERC y Compromís afearon el rechazo mostrado por Junts durante el pleno.
Argumentos de los partidos que rechazaron la norma
En representación del Partido Popular, Sergio Sayas sostuvo que el decreto atentaba directamente contra la seguridad jurídica, la propiedad privada y las clases medias al distorsionar el mercado del alquiler.
Desde Vox, José María Figaredo cuestionó que la acción gubernamental se focalizara en los fondos buitre, alegando que representan un porcentaje mínimo de la oferta de arrendamiento. Finalmente, la portavocía del PNV tildó la regulación de desproporcionada y desequilibrada, mientras que Coalición Canaria planteó tramitar la iniciativa como proyecto de ley para posibilitar un debate más amplio.
Procedimiento de votación de los decretos ley de vivienda en el Congreso
Más temprano se había explicado que la votación pública por llamamiento de los dos decretos ley de vivienda en el Pleno del Congreso sería presencial y nominal, lo que implicaba que cada uno de los diputados y diputadas tenía que ponerse en pie desde su escaño para comunicar su voto de viva voz.
La Mesa del Congreso había confirmado este procedimiento tras la petición registrada a primera hora por los dos grupos que integraban el Gobierno de coalición.
La solicitud fue presentada mediante un escrito firmado conjuntamente por el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y la coordinadora de Sumar, Verónica Martínez Barbero.
Reglamento del Congreso y vías para la votación nominal
El Reglamento del Congreso establece que la votación pública y por llamamiento podía activarse si lo solicitaba una quinta parte de los miembros de la Cámara (un mínimo de 70 diputados) o bien dos grupos parlamentarios.
A pesar de que el número de escaños permitía al PSOE realizar la petición en solitario, las fuerzas del Ejecutivo optaron por actuar conjuntamente utilizando la vía de los dos grupos parlamentarios.
Protocolo del voto de viva voz y orden de llamada
Tras concluir el debate parlamentario, cada uno de los decretos ley de vivienda se votó por separado.
En ambos casos, uno de los secretarios de la Mesa del Congreso fue el encargado de ir llamando individualmente a cada parlamentario para que comunicara si su voto era "sí", "no" o "abstención".
El turno de votación se desarrolló en orden alfabético, comenzando por el diputado cuyo nombre se sacó a suerte, mientras que los miembros del Gobierno con escaño y la Mesa del Congreso votaron al final.
Denuncia del MDyC
El MDyC ha denunciado este viernes desde Ceuta que los decretos de vivienda "no salgan adelante" por los votos en contra del Partido Popular.
A través de un comunicado de prensa, la formación localista ha recalcado que "la vivienda es un derecho constitucional y para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, rechazar normas que buscan limitar los precios del alquiler, frenar la proliferación de pisos turísticos o regular los contratos temporales es una falta de compromiso social con la ciudadanía que está sufriendo una crisis habitacional, en particular la población joven".
Para los localistas los argumentos de formaciones como Vox, Junts y, en especial, del Partido Popular, para rechazar los decretos de vivienda han sido "pobres y ambiguos" y "demuestran cada día que no están para el pueblo, sino para los poderosos".
Asimismo, el MDyC ha señalado que "decir no a los dos decretos de vivienda retrata aún más la falta de moralidad de estos partidos porque realmente están castigando a la gente".
La formación ha recordado que el artículo 47 de la Constitución Española “consagra el derecho de toda la ciudadanía al acceso, disfrute y permanencia de una vivienda digna y adecuada, un artículo que no solo apela a los poderes públicos a promover las condiciones y normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, sino que también llama a combatir la especulación en conexión con el artículo 9.2 de esta norma fundamental".
“La función social de la vivienda debe prevalecer frente a otras consideraciones, y formaciones supuestamente democráticas demuestran con su voto no solo una falta de voluntad política, sino tener otros intereses muy alejados de los mandatos constitucionales”, ha añadido el partido en su comunicado.
Para cerrar, el MDyC ha recordado que antes de que a nivel nacional se hablara de la construcción de vivienda con fondos públicos, la formación localista ya había conseguido que los presupuestos municipales contaran con una partida presupuestaria para ello. “Si el argumento del Partido Popular para votar en contra es que el problema de la vivienda se soluciona construyendo vivienda y no mediante decretos, a qué espera el Ejecutivo local, también del Partido Popular, para construir vivienda en Ceuta".
