Conforme se encajan las piezas de un puzle que reseña los graves sucesos sobrevenidos en Ceuta y lo que casi dos meses después conlleva desde diversas ópticas, en Bruselas se ha puesto el grito en el cielo, porque estos hechos entrañan la piedra de toque al pacto comunitario contra la inmigración ilegal y combina dos riesgos latentes: primero, la agresión contra una frontera exterior y, segundo, la puesta en escena de una fractura migratoria como armazón de imposición política.
Y es que la avalancha que desfiló desde Marruecos a Ceuta (30.31/VII/2026) es la punta del iceberg que testea sin parangón, tanto el Pacto de Migración y Asilo como la capacidad real de la Unión Europea (UE) para salvaguardar su frontera sur.
En tanto, en Bruselas, capital de facto de la UE, se recapitula que la política migratoria es competencia preferente de los Estados miembros y que “sin una petición explícita de España para desplegar Frontex”, como movilizar fondos de emergencia o admitir mecanismos del Pacto de Migración y Asilo, el Ejecutivo comunitario posee “poco margen”, allende de declaraciones y cartas de respaldo.
De hecho, algunos portavoces parlamentarios indican alto y claro que ni España ni la UE, pueden continuar “en sumisión permanente” ante Rabat, aclarando que el rey alauí tiene “el grifo de la migración en su mano” y algunos llegan a sugerir como suposición, la inhabilitación de evidentes acuerdos comerciales como “respuesta proporcional”. Aunque ello entrañe el escollo de “asumir explícitamente que hay una guerra híbrida” con un socio destacado de Estados Unidos en el Mediterráneo Occidental.
Sin inmiscuir, que esto ya ocurrió hace un lustro (17.18/V/2021). En aquel momento, el Parlamento Europeo desacreditó la conducta de Rabat. Y el recado que se calca es que la Unión no puede consentir que uno de sus flancos limítrofes sea atropellado sin respuesta por un río humano, porque eso languidece no sólo la frontera sur, sino “la credibilidad de todos los demás perímetros exteriores”.
En este entorno, lo acontecido en Ceuta ya no se descifra únicamente como una crisis migratoria en toda regla, sino como la conjunción de agresión a una frontera exterior y chantaje político de una fisura devorada por mafias, desinformación y dictámenes jurídicos y políticos previos.
"Lo acontecido en Ceuta no solo se descifra como una crisis migratoria en toda regla, sino como la conjunción de agresión a una frontera exterior y chantaje político de una fisura devorada por mafias, desinformación y dictámenes jurídicos y políticos previos"
La delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo ya remitió una carta a los eurodiputados indicando al pie de la letra “la peor crisis de soberanía nacional de la frontera sur de Europa”. El escrito recalcaba que Ceuta “no es sólo una frontera española, sino la frontera exterior de Europa”, avisando con pelos y señales que lo que se encuentra en entredicho no es sólo la integridad territorial, sino la fiabilidad del espacio Schengen y la conservación del proyecto europeo.
Es más, tachaban al Gobierno de España de haber desechado el ofrecimiento expreso tanto de ayuda financiera, como técnica y operativa de la Comisión, abarcando el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
Dicho esto, “el Parlamento Europeo ha dicho claro que Ceuta no se vende. Se defiende. Aprobamos una resolución que exige a Sánchez aplicar inmediatamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garantizar la seguridad y acelerar el retorno de adultos y menores”. Y con un mensaje nítido a Marruecos: “la soberanía y la integridad territorial de España no se negocian. Se respetan, Incondicionalmente. Rabat debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares. Europa logra en tres días lo que Sánchez no ha hecho en 50: escucha, ayuda y soluciones”.
Sin ambages ni rodeos, el pasaje demanda a Marruecos que “asuma responsabilidades” y acate sus responsabilidades en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria tras la “invasión de migrantes” de Ceuta, insistiendo que el engranaje de asociación con el reino alauí “debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho Internacional y condición innegociable”. Y para ser más rotundo, si cabe, contempla que “toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”.
La resolución apuntalada por varios eurodiputados, argumenta que lo acaecido en Ceuta no concreta exclusivamente una crisis migratoria, sino un hecho “de instrumentalización de los flujos irregulares contra la integridad territorial de un Estado miembro y, por extensión, contra la frontera exterior de la Unión Europea”. También, el contenido del texto critica “con la mayor firmeza” las irrupciones masivas desde Marruecos y juzga la manipulación de la migración irregular como un instrumento de “guerra híbrida” contra la integridad territorial de un Estado miembro.
De este modo, la Eurocámara integra en su resolución observaciones y alusiones específicas a los avisos desoídos, requerimientos no considerados, tardanzas en la petición de ayuda europea y directrices políticas del Gobierno español que han empeorado la crisis.
Así detalla que las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia comunicaron “reiteradas advertencias” al Gobierno, según los informes confidenciales difundidos el 9/IX/2026, al igual que la presión fronteriza aumentaba desde mucho antes. Conjuntamente, se hace resonancia de que la Asamblea de Ceuta “pidió por unanimidad cerrar la frontera, declarar la emergencia nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional, designar una autoridad única de coordinación y desplegar las Fuerzas Armadas”. Agregando, que “el Gobierno de España no atendió esas peticiones”.
A la vez, menciona que veintidós jefes de Estado y de Gobierno relacionaron la crisis “a la regularización masiva de más de un millón de migrantes irregulares llevada a cabo por el Gobierno español y lamenta que España no solicitó formalmente el refuerzo de Frontex, Europol y la AUEA hasta el 28 de agosto”, poco más o menos, un mes más tarde de la apertura de la crisis, a pesar de las propuestas de la Comisión. Además, el texto reconoce que esa regularización incitó el “efecto llamada”.
Por otra parte, agrega una enmienda para constituir un marco “más estricto y transparente” para la adjudicación y verificación de los fondos europeos de desarrollo y cooperación reservados a terceros países. El apartado autorizado necesita encajar componentes sólidos que admitan “la suspensión inmediata y la recuperación íntegra de los fondos europeos en aquellos casos en los que exista falta de cooperación del país receptor o estén en juego los intereses de la Unión Europea o de cualquiera de sus Estados miembros”.
En palabras literales de uno de los eurodiputados en la Eurocámara, “Sánchez y Marruecos reciben un mensaje claro desde Estrasburgo. Frente a quienes han intentado que Europa mirase hacia otro lado, hemos construido una mayoría para defender nuestra soberanía y nuestra frontera. Además, hemos conseguido que el Parlamento abra la puerta a suspender los fondos europeos cuando un tercer país no coopere o cuando estén en juego los intereses de un Estado miembro”.
A pesar de las disconformidades del Gobierno de España en un tema que importuna principalmente al Ejecutivo y que puede extractarse en pocas palabras: hasta dónde está decidida la UE, a la hora de denotar la responsabilidad de Rabat en la oleada sobre Ceuta, esta crisis ya es una cuestión expresamente europea y lo es para emplazar a Marruecos en el foco del debate. Y es tan incuestionable que el núcleo de la discusión se encuentra jadeante, que el reino alauí ha aguardado colarse en el Parlamento europeo por medio del correo electrónico para instigar a un grupo de eurodiputados.
Sucintamente, Marruecos se compromete a aceptar el regreso de los diez mil emigrantes que llevan casi dos meses en superficie española. Pero en una resolución sobre Ceuta que ha surgido en uno de los plenos más destacados del Parlamento Europeo, una convocatoria periódica acreditada con el complemento de que recae en la mitad del mandato de la presidenta de la Comisión Europea, la Eurocámara no sólo señala al Gobierno marroquí cuando se refiere a “guerra híbrida”, sino que se interroga si la actuación de Marruecos en este entresijo es propio de un estado contemplado como socio de la Unión: “Toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”.
En respuesta de la presidenta de la Comisión Europea: Bruselas planteará en las próximas semanas “un marco legal” que dé “flexibilidad” a los Estados miembros para activar cuanto antes los retornos y mejorar la frontera en caso de escenarios como el existente.
Pero el agravante de lo que se expresa en Estrasburgo no solo reclama al Gobierno de España, sino asimismo a los organismos europeos. A fin de cuentas, la administración de las fronteras exteriores de la UE es una asignatura europea.
Primero, la defensa, incluso el reconocimiento, que el Gobierno de España y sus ministros han hecho de Marruecos, condiciona a más no poder el posicionamiento de sus eurodiputados, que llaman a la “contención” y “responsabilidad” para no tensar las relaciones con el vecino del sur. En ese perfil está procediendo Rabat, alineado con el enfoque del Gobierno español.
Y segundo, el principal partido de la oposición no solo pretende que el Parlamento Europeo se alce sin complejos a la respuesta armonizada de Bruselas y presione al Gobierno de España a intensificar los recursos, sino que busca determinar la responsabilidad de Marruecos y apresurar la devolución de los inmigrantes que todavía continúan en la ciudad autónoma.
En este momento, la situación es diferente: el mastodonte en la habitación es Marruecos. La resolución que contiene dieciséis conclusiones o peticiones, plantea desde el título la percepción de que lo ocurrido en Ceuta es un “ataque híbrido”, resaltando “la instrumentalización de los migrantes” y la “necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE”.
El asunto más engorroso es el catorce, porque la proposición solicita a las autoridades marroquíes “que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos” en lo que atañe a la materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria. Mismamente, resalta que “dicha asociación” debe fundamentarse en el respeto absoluto de la integridad territorial de los Estados miembros como “condición innegociable”. Si bien, la aclaración que emerge en el Gobierno de España es hasta dónde se quiere llegar con esta indicación de Marruecos.
Desde la primera fuerza política en coalición con otros grupos, hace un recordatorio que el país vecino es el segundo socio comercial de España después de la UE, haciendo hincapié en que la solución a esta crisis hay que explorarla en la diplomacia. “Romper relaciones con Marruecos es completamente insensato, hace falta sentido común y diplomacia”, declaran antes de apuntar que “nadie atacó a Italia o a Grecia cuando hubo situaciones críticas en Lampedusa o Lesbos”.
Otro matiz que enoja a la Moncloa es el apoyo a la carta rubricada por veintidós jefes de Estado y de Gobierno, objetando “los cruces masivos incontrolados y la instrumentalización de la migración”. Su alcance pasa porque estas operaciones ceban la reacción en cadena, en tanto las entradas ilegales se convierten en una estancia legal: “Tal percepción alienta nuevos intentos y socava la confianza en la política migratoria común de la Unión. A este respecto, las políticas nacionales, como las regularizaciones masivas, no pueden adoptarse sin tener en cuenta sus repercusiones en los demás Estados miembros, en el espacio Schengen y en el conjunto de la Unión”.
Llegados a este punto de la disertación, durante el debate sobre el estado de la Unión la presidenta de la Comisión Europea hizo mención al entorno de Ceuta, en un recado indirecto al Gobierno de España para su aplicación. Ciertamente, no nombró a Marruecos pero sí a las “mafias”, pero tuvo una notificación categórica: “La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros. La cuestión es que la única solución es una solución europea. Y esa es el Pacto sobre Migración y Asilo”.
"Conforme se encajan las piezas de un puzle que reseña los graves sucesos sobrevenidos en Ceuta, Bruselas pone el grito en el cielo, porque estos hechos entrañan la piedra de toque al pacto comunitario contra la inmigración ilegal y combina dos riesgos latentes: la agresión contra una frontera exterior y la puesta en escena de una fractura migratoria como armazón de imposición política"
Y la jefa del Ejecutivo comunitario continuó diciendo: “Siempre respetaremos nuevos valores y derechos fundamentales. Pero nunca cederemos en lo que respecta a la protección de nuestras fronteras. Somos nosotros, los europeos, quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias”.
Mientras, en la parte de su alocución destinada a la migración, manifestó que la Comisión pondrá sobre la mesa “un marco legal” para responder en caso de emergencia migratoria y que no se reproduzcan entornos como los que hoy experimenta la ciudad autónoma. “Vamos por buen camino. Hemos registrado una reducción del 55% en los últimos dos años. Y una reducción adicional del 35% en las llegadas ilegales durante este año. Eso es un progreso real. Pero los acontecimientos de este verano demuestran que nuestras herramientas deben evolucionar, especialmente para situaciones de emergencia”.
Sin embargo, deja la competencia en los gobiernos nacionales que son los que poseen la potestad para desenvolverse. Así, declaró que “propondremos un nuevo Marco Europeo de Respuesta de Emergencia. Solamente se activará bajo criterios definidos de manera estricta. En esos casos, permitirá una flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo de los procedimientos habituales”.
Las normas de ese marco pasarán por mejorar los trabajos de retorno de Frontex y optimizar los sistemas de alerta temprana, principalmente para acelerar los métodos y participación con terceros países.
Bruselas pretende que se examinen las tendencias y oscilaciones en internet en lo concerniente a los asaltos en frontera. Al igual que desde una perspectiva generalizada “frenar” los factores de raíz de la inmigración irregular. A la par, medió por sujetar esas sacudidas migratorias por medio del respaldo a las naciones de procedencia, sin citas señaladas a Marruecos. “Tenemos que colaborar con nuestro vecino para impulsar la inversión. Para ofrecer a los jóvenes perspectivas de futuro que tenga sentido, de modo que no se vean obligados a arriesgar sus vidas”.
En este aspecto, postuló el vuelco migratorio que ha procurado la UE, con el pacto común encaminado en la facilitación de los retornos y más requerimientos en la concesión de asilos. Finalmente, terminó declarando que “así es como podemos reducir la migración ilegal. Respetando los derechos de las personas que buscan protección. Facilitando una migración segura y legal mediante nuevas oficinas de acogida en los países socios. Y defendiendo las libertades de nuestro espacio Schengen. Pero, sobre todo, así es como demostramos que Europa puede actuar de forma conjunta”.
Este anuncio de presentación aparece en paralelo de que Bruselas solicitase al Gobierno de España una “solución urgente” a la crisis en Ceuta. Fueron palabras en boca del comisario de Migraciones, demandando la responsabilidad de Marruecos en la readmisión de los individuos que salvaron la frontera en las postrimerías de julio. “Hay que encontrar una solución con carácter urgente. Para ello, nuestra prioridad está clara: todos aquellos que entraron ilegalmente y no tienen derecho a permanecer allí, deben ser devueltos rápidamente a Marruecos”, expuso el dirigente que ha interpelado al Ejecutivo español la culminación del pacto migratorio europeo. Asimismo, refirió al pie de la letra: “En lo que respecta a Marruecos, estamos comprometidos a trabajar conjuntamente en el retorno de quienes permanecen en Ceuta. Deben hacerse más esfuerzos para frenar las salidas ilegales, combatir el tráfico de migrantes y garantizar unos retornos y readmisión efectivos”.
Como quiera que sea, mientras las calles de Ceuta se convierte en un túnel sin salida para los menores que transitan en un trazado desalentador, fuerzas políticas de la coalición gubernamental, como organizaciones nacionalistas, instituciones y medios afines a Rabat, han abierto alternativamente diversas avanzadillas contra España, con el propósito de deslizar el epicentro desde lo sucedido hacia el papel del Gobierno de España.
Por consiguiente, esta estrategia auspiciada por la extenuación imperante en la política del Ejecutivo español, es una imposición muchísimo más vasta que compagina desde los derechos humanos hasta la diplomacia europea, soberanía, opinión pública, guerra de información y Naciones Unidas.
El primer avance, como ya he señalado, se despacha en Bruselas bajo una fórmula engorrosa para Marruecos: “ataques híbridos” e “instrumentalización de los migrantes”. La Eurocámara sacó a la palestra el antecedente del año 2021, cuando impugnó la inercia marroquí de la inspección fronteriza y de menores como útil de presión sobre un Estado miembro. Rabat quiere hacer lo posible para que esa doctrina no se maneje.
Segundo, la Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos ha reportado a mecanismos internacionales denuncias de torturas y malos tratos contra ciudadanos marroquíes, exigiendo una supervisión independiente. En tanto, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos ha dispuesto de la crisis su propio registro documental y control de decenas de grupos destinados para emplazar las entradas a Ceuta.
Tercero, una idea marroquí ha requerido acudir a la Cuarta Comisión de la Asamblea General, hoy consagrada a la Política Especial y Descolonización, para suscitar el espacio temporal de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. El movimiento no comporta que Naciones Unidas contemple las ciudades españolas demarcaciones irresueltas de descolonización, pero intenta reimplantar la rehabilitación marroquí en una atmósfera internacional afín a estos procesos.
Cuarto, como era de esperar vuelve a presentarse la argumentación territorial de tiempos pasados. El ministro de Justicia marroquí ha diseñado un canal bilateral para abordar lo que Rabat baraja como el retorno de Ceuta y Melilla, en consonancia con la visión histórica sobre ambas ciudades.
Quinto, como no podía ser de otra manera, Rabat maquina ensamblar la movilización nacionalista con la agenda política. Es por ello que organizaciones nacionalistas han reavivado sus operaciones sobre Ceuta y Melilla, con encuentros y avisos que confluyen con la cercanía de las Sextas Elecciones Legislativas de Marruecos (23/IX/2026).
Ni que decir tiene que la visita anunciada de Felipe VI a Ceuta y Melilla actúa como otro detonante promotor. Según la batida de la inteligencia española, la pretensión territorial resurge en organizaciones civiles, dirigentes políticos y medios de comunicación, de manera que las críticas emprendidas por el trato de los inmigrantes han acabado integrando arengas sobre la soberanía de Ceuta y Melilla.
Y sexto, medios impresos y digitales de Marruecos manejan documentos desclasificados por Moncloa para alimentar que Madrid estaba al tanto de los llamamientos y no supo que hacer, aunque éstos mismos confirman que el Centro Nacional de Inteligencia informó el 29 de julio a los servicios secretos marroquíes de las citaciones para irrumpir en Ceuta por tierra y mar. A ello se añade una tentativa de derivar el inicio de la movilización digital hacia Argelia, su gran contrincante regional. Lo que mostraría a Rabat como agraviado de una operación exterior.
En consecuencia, anunciada como una réplica de emergencia y vertebrando un relato con el que se afirma que el marco europeo precisa de instrumentos auxiliares para responder a movimientos migratorios coligados a redes de tráfico y contrabando, la UE toma carrerilla para implementar una medida que profundiza en reducir tramitaciones para denegar el asilo, apresurar las deportaciones y abrir centros de detención en terceros países.
Con lo cual, aunque diversas organizaciones humanitarias no han tardado en enjuiciar que se trata de otra vuelta de rosca del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la incorporación de Ceuta dentro de esta órbita acentúa el paradigma de que la seguridad de la frontera sur ha de examinarse junto a otros alicientes que inquietan a la estabilidad de los Estados miembros.
La resolución destapa así, un coloquio sobre la respuesta europea ante los entresijos híbridos, pero ahora más que nunca, se empotra un menester bien definido: averiguar de primerísima mano las responsabilidades tocantes al planeamiento, puesta en práctica e intenciones de lo acaecido en Ceuta.
