La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra A.A.S., de 52 años, por un delito contra la salud pública relacionado con el transporte de una importante cantidad de hachís.
El acusado reconoció los hechos durante el procedimiento y aceptó una pena de tres años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa de 159.668 euros. En caso de impago, la sentencia establece tres días de responsabilidad personal subsidiaria.
Los hechos se remontan al 31 de octubre del año pasado, cuando el condenado se encontraba, sobre las 21:30 horas, en la Estación Marítima de Ceuta con la intención de embarcar en un buque con destino a Algeciras.
La droga estaba oculta en las cuatro ruedas
Según recoge la sentencia, los funcionarios de la Guardia Civil que prestaban servicio en el control de embarque detectaron circunstancias que les hicieron sospechar del acusado, por lo que procedieron a intervenir el vehículo en el que viajaba, un Seat Ateca.
El acusado prestó su consentimiento al registro del turismo. Durante la inspección, los agentes localizaron ocultos en el interior de las cuatro ruedas del vehículo un total de 64 bloques de una sustancia que posteriormente resultó ser hachís.
La sustancia intervenida fue sometida al correspondiente análisis, que determinó un peso neto de 43.960,16 gramos y un índice de THC del 50,6 %. El valor de la droga en el mercado ilícito fue estimado en 79.833,60 euros, según consta en la resolución judicial.
La sentencia recoge su destino para la distribución
De acuerdo con los hechos declarados probados, el acusado tenía previsto destinar la sustancia intervenida a la venta o donación a terceras personas, lo que motivó la condena por un delito contra la salud pública.
El acusado permanece en prisión provisional desde el 1 de noviembre del año pasado, situación que se mantiene en el marco del procedimiento judicial. La condena ahora dictada fija en tres años y ocho meses la pena de prisión aceptada por el acusado.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia establece el pago de una multa de 159.668 euros, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, fijada en tres días.
