El Sector de la Administración Local de la FSC-CCOO ha manifestado su rechazo y exige la retirada del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, puesto que en su redacción
“no parece que vaya a dar respuesta a los principales objetivos que motivaron en su origen la reforma del texto”. Esta organización, tal y como indicó en un comunicado, anunció que ha iniciado una campaña informativa a la ciudadanía para dar a conocer su posición, que incluirá la presentación de una moción para la retirada del anteproyecto a los diferentes grupos políticos de los ayuntamientos, con el objetivo de consensuarla y poder presentarla de forma unitaria.
El secretario general de esta organización, Joan Gasull, manifestó que “en este contexto, con una elevadísima pérdida de empleo en la Administración Local, recortes de servicios públicos y presión por las condiciones de trabajo, se añade este intento de que los entes locales pierdan autonomía, lo que significará un retroceso en materia de servicios a la ciudadanía, así como de derechos y condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores públicos”.
El sindicato considera que el anteproyecto “no prevé ninguna mejora en la financiación de las haciendas locales”, sino que “el objetivo final del Gobierno es recentralizar y controlar al máximo los municipios, limitando la capacidad de acción de los mismos, convirtiéndolos en meros ejecutores de la voluntad del Gobierno de la Nación”. En este sentido, la FSC-CCOO reitera la “necesidad de clarificar y delimitar definitivamente el ámbito competencial local, evitando duplicidades y buscando una solución definitiva al ejercicio de las competencias locales”. Además, considera que debe venir acompañada de “un nuevo modelo de financiación local” para una prestación adecuada de los servicios.
El sindicato añadió que todos los municipios “deben tener un mínimo competencial”, y que lo contrario “sería tanto como admitir la existencia de municipios sin administración”. Así, dijo que hay materias que deben ser ejercidas desde los municipios al ser administraciones “más próximas” a los ciudadanos. Por otra parte, CCOO pidió impulsar el diálogo y rechazó que el Gobierno pretenda que la Administración central “intervenga directamente en decisiones de ámbito exclusivamente local”. Por último, dijo que la ley pretende “la eliminación gradual de la iniciativa económica de las entidades locales, dando a entender que en todo caso la gestión privada de un servicio va a resultar necesariamente más eficiente y eficaz que la pública”.
Caballas llevará este asunto al Pleno
Caballas pedirá en el Pleno que se acuerde rechazar “rotundamente” el Anteproyecto de Ley, “por lo que supone la vulneración de la autonomía local, y de intento de recentralización del modelo de Administración Local”. Además, instará al Gobierno a convocar una mesa de diálogo para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y políticos para reorientar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en la dirección de impulsar una política de servicios que estén “próximos a la ciudadanía”. Por último, pedirá “afrontar la necesidad de fortalecer las administraciones locales y los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social, en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo”. La coalición considera que este documento, “que manifiesta tener el objetivo de racionalizar la Administración Local y conseguir un supuesto ahorro económico, contempla medidas que afectan a la autonomía local, significan una intervención de los entes locales y modifican sus competencias, suponiendo un enorme retroceso en materia de servicios a la ciudadanía y derechos y condiciones laborales de los trabajadores públicos”. Para Caballas, la reforma “generará desequilibrios territoriales y sociales importantes, comportando graves discriminaciones entre administraciones, pero también entre la ciudadanía, con la existencia de ciudadanía de primera y de segunda atendiendo al lugar de residencia”. Entiende que perjudicará los derechos de acceso a los servicios públicos.
