El sindicato considera que su implantación supondría significativos ingresos económicos y fiscales para la ciudad, y generación de empleo La Unión General de Trabajadores (UGT) va a exigir a las autoridades el apoyo al establecimiento y desarrollo de los proyectos de implantación de locales de apuestas, iniciativa que está bloqueada porque necesita la aprobación de una enmienda a un decreto del año 1966, disposición normativa que aún regula esta actividad y que sigue vigente a pesar de los años transcurridos.
UGT de Ceuta, a través de su secretario general, Antonio Gil, calificó ayer esta circunstancia de “hecho insólito” y anuncia gestiones para tratar de desbloquear la iniciativa que supondría “significativos ingresos económicos y fiscales para la ciudad y ayudaría a la generación de empleo al tratarse de proyectos innovadores”.
A través de una nota de prensa, Gil explicó que se trata de una medida “que necesita de una enmienda porque una ley del año 66 impide el desarrollo de la actividad, algo increíble e insólito”. A juicio del secretario general de UGT Ceuta, la enmienda tendría además un efecto beneficioso para las arcas públicas, ya que la administración dispondría de ingresos tributarios de los que carece en la actualidad, además de favorecer el emprendimiento y la innovación en un sector que puede generar empleo en la ciudad. Según UGT estamos en la época en la que más se está hablando de emprendimiento e innovación de empresa, y sin embargo, “nos encontramos proyectos paralizados por trabas y disposiciones legales que, en este caso particular, datan de épocas preconstitucionales”, señaló Gil.
La UGT lamenta que “desde hace tres años, concretamente desde que se aprobó el Reglamento de Apuestas en nuestra ciudad en mayo de 2010, este sector no pueda desarrollarse todavía a pesar de haberse solicitado insistentemente ante los representantes políticos la propuesta de modificación del citado decreto del año 1966”. Por este motivo, este sindicato va a solicitar tanto al presidente de Ceuta, Juan Vivas, como a la Delegación del Gobierno, que reanuden los contactos y gestiones necesarias para la modificación de la citada normativa.
