La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto una cuestión que merece una reflexión profunda: el papel y la responsabilidad de determinadas asociaciones profesionales militares cuando difunden informaciones que pueden resultar falsas, exageradas o deliberadamente engañosas.

Nadie cuestiona el derecho de estas asociaciones a defender a sus afiliados, reclamar mejoras profesionales o denunciar deficiencias. Al contrario, esa labor es legítima y necesaria. El problema aparece cuando una reivindicación se construye sobre afirmaciones que no se corresponden con los hechos. En ese momento, las consecuencias trascienden a la propia asociación y afectan a todos los militares.

Durante la crisis de Ceuta, miles de miembros de las Fuerzas Armadas cumplieron las misiones que tenían encomendadas en circunstancias excepcionales. Por ello, cualquier información sobre sus condiciones de trabajo, alimentación o actuación de sus mandos debería ser rigurosamente contrastada. Denunciar una carencia es legítimo; convertir una incidencia concreta en una situación generalizada, exagerarla o presentar como cierto algo que los datos desmienten perjudica directamente a quienes se pretende defender.

También conviene recordar que una asociación profesional no representa automáticamente a todos los militares. Representa a sus afiliados. Presentar sus opiniones como si fueran la voz del conjunto de las Fuerzas Armadas puede distorsionar el debate público y atribuir a miles de militares posiciones que quizá no comparten.

Especialmente delicada es la cuestión de la disciplina y la cadena de mando. Las Fuerzas Armadas se sustentan en la jerarquía, la disciplina y el cumplimiento de las órdenes legítimas. Una cosa es denunciar por los cauces establecidos una orden ilegal o una deficiencia; otra, muy distinta, es generar un clima que cuestione públicamente la legitimidad de las órdenes o pueda favorecer su incumplimiento. Ninguna reivindicación corporativa puede situarse por encima de los principios esenciales de la institución.

Los medios de comunicación también tienen una responsabilidad. Un comunicado de una asociación no constituye por sí mismo una noticia contrastada, del mismo modo que una denuncia no equivale a una prueba. Antes de publicar una acusación deberían comprobarse los hechos, consultar los documentos disponibles y escuchar a todas las partes. Reproducir sin más una afirmación no verificada puede convertir al medio en altavoz involuntario de una información falsa.

Ceuta merece una investigación seria y objetiva sobre lo ocurrido, las posibles carencias y las responsabilidades que correspondan. Si hubo errores, deben conocerse; si hubo deficiencias, deben corregirse. Pero la verdad debe buscarse a través de los hechos, no de relatos interesados.

Las asociaciones profesionales son necesarias, pero también deben ser responsables. El Ejército no necesita asociaciones silenciosas, sino organizaciones capaces de criticar cuando sea necesario, pero siempre desde la veracidad y el respeto a la institución. Porque defender a los militares no puede significar deteriorar su reputación, apropiarse de su voz o poner en cuestión la disciplina.

Cuando se perjudica injustamente a una unidad o a sus mandos, el daño no termina ahí: lo sufren también todos los hombres y mujeres que llevan el uniforme.