El Ministerio de Defensa ha manifestado este jueves que no pondrá objeciones a la desclasificación de los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta registrada a finales de julio.
No obstante, fuentes del departamento dirigido por Margarita Robles han hecho un llamamiento a la prudencia, advirtiendo que dichos documentos pueden albergar datos confidenciales procedentes de servicios de inteligencia extranjeros con una proyección internacional más sensible.
Pese a esta advertencia, desde Defensa reiteran que no existe inconveniente en liberar los archivos del CNI y recuerdan que también constan informes internos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que describen como excelentes.
Pedro Sánchez anuncia la difusión de los informes de seguridad de Ceuta
El anuncio para hacer públicos todos los documentos recibidos por el Gobierno entre el 1 de julio y el 1 de agosto fue realizado por el presidente, Pedro Sánchez, durante su comparecencia parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Esta medida de transparencia fue recibida con aplausos por parte de varios ministros en el hemiciclo, entre los cuales se encontraba el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por el contrario, la ministra de Defensa no se sumó a la ovación de sus compañeros de gabinete. Ante este gesto, fuentes cercanas a Robles han restado trascendencia al asunto, asegurando que la ministra considera un "lujo" formar parte de este Ejecutivo y trabajar diariamente con militares que le muestran su respeto y aplauso.
Investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta
Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado un escrito formal a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para transmitirle su profunda preocupación.
El motivo de esta comunicación es la orden dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien ha prohibido expresamente al equipo de la Policía Nacional a cargo de la investigación sobre la crisis migratoria en Ceuta facilitar cualquier tipo de información sobre sus indagaciones a sus superiores de la cadena de mando.
En la carta remitida por el Ministerio del Interior, Grande-Marlaska destaca que, por su doble perfil como magistrado y titular de la cartera de Interior, mantiene un respeto escrupuloso hacia la independencia judicial, la colaboración con los órganos judiciales y la subordinación exclusiva de la policía judicial ante jueces, tribunales y fiscales.
Sin embargo, el ministro sostiene que la gravedad de los acontecimientos de Ceuta obligó a declarar una situación de interés para la seguridad nacional bajo el amparo de la Ley 36/2015. Bajo este marco normativo de Seguridad Nacional, el responsable de Interior argumenta que atender los requerimientos de la jueza no debería ser incompatible con reportar información clave para el Gobierno.
Compatibilidad entre la independencia judicial y la gestión política
Para el Ejecutivo, los datos recopilados por los agentes de la Policía Nacional poseen un valor estratégico fundamental que permite a la administración ejercer correctamente sus funciones de dirección de la política interior y exterior, así como la defensa del Estado.
Grande-Marlaska concluye que, ante emergencias de extrema gravedad, resulta indispensable articular una fórmula que permita a la policía judicial cooperar con el juzgado de forma simultánea a la transmisión de datos cruciales hacia el Gobierno de España.
Según expone el ministro, este flujo de información es vital para la toma de decisiones oportunas en salvaguarda de la seguridad nacional y pública, asegurando que este proceso puede llevarse a cabo sin que la independencia de los tribunales se resienta en ningún momento.
Respuesta de Perelló
La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, ha respondido por carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordándole que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen constitucional y legalmente prohibido aprobar, censurar o corregir las decisiones de la magistrada María Tardón, conforme a los artículos 12.3 y 176.2 de la LOPJ.
Asimismo, ha subrayado el deber constitucional de colaborar con la justicia, el cual obliga especialmente a todos los miembros de la policía judicial a auxiliar a los tribunales con independencia de su adscripción o dependencia jerárquica.
Perelló ha manifestado su total coincidencia con el ministro respecto a la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis actual, pero ha remarcado que la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional responde estrictamente al ejercicio de sus funciones constitucionales, las cuales exigen el máximo respeto por parte de todas las instituciones públicas.
