El Ejecutivo de Juan Vivas ha abierto “un periodo de reflexión” junto a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Justicia para definir qué “cambios legales” va a reivindicar la Administración local al poder legislativo en atención a sus “peculiaridades” con el fin de restringir el empadronamiento de foráneos e impedir el de aquellos que no tengan tarjeta de residencia.
Tras el encuentro mantenido hace unos meses entre Vivas y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que se pidio que “debe tenerse en cuenta las singularidades de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África”, su exclusión del ‘territorio Schengen’ y “el flujo de transfronterizos que cada día se reciben en ambas ciudades”, no se ha recibido información alguna que ayude a vislumbrar una decisión inmediata que ayude, vía modificación legal, a que no se produzcan estos empadronamientos masivos. “El objetivo es respetar la ley vinculando la inscripción en el Padrón a la residencia efectiva”, resumía el presidente ceutí al término de aquel encuentro. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) “fijó” en 2008 su posición con respecto a la gestión política del Padrón ceutí ante la negativa sistemática de la Ciudad desde 2005 a admitir siquiera las solicitudes de empadronamiento de extranjeros sin tarjeta de residencia en España.
Los datos de la población y el incremento
La población de la ciudad creció durante el año pasado en 1.444 personas hasta llegar a 83.820 empadronados. La mitad de ese aumento (729 individuos, un 14,8% más) son foráneos, aunque la tasa de habitantes extranjeros local sigue muy por debajo de la media nacional (6,7%). El Ejecutivo ceutí liga este incremento a la proliferación de construcciones ilegales en diferentes barriadas de la periferia. De hecho en la lucha contra el empadronamiento ilegal mezcla otros asuntos como la existencia de infraviviendas en donde, al no ser derribadas, se introducen individuos que luego se empadronan y terminan residiendo en la ciudad de manera fraudulenta. Las dos instituciones, Ciudad y Delegación, han basado su acción conjunta en dos frentes que tienen al final un punto en común: por un lado detectar esos empadronamientos y darlos de baja y, por otro, comenzar a derribar aquellas viviendas ilegales y obras que se hayan ido levantando sin permisos en las barriadas para acoger a personas que luego, pasados los años, vienen a reclamar una serie de derechos a los que las administraciones no pueden hacer frente.
