La Unión Federal de Policía (UFP) de Ceuta denuncia el “abandono total” que, según el sindicato, está sufriendo la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad en plena crisis migratoria. La organización asegura que los agentes están soportando una situación de “colapso operativo y laboral” mientras la Jefatura Superior mantiene, afirma, “un absoluto silencio” ante las peticiones de los representantes sindicales.
La UFP explica que presentó un escrito formal solicitando una reunión urgente con el jefe superior de Policía para abordar la situación y buscar soluciones, pero asegura que hasta el momento no ha recibido respuesta ni ha sido convocada a ningún encuentro. Para el sindicato, esta falta de interlocución evidencia una “alarmante negativa” a escuchar a los representantes de los policías.
La UFP denuncia jornadas de hasta 16 horas
Uno de los principales motivos de preocupación para el sindicato es la situación laboral de los agentes. La UFP alerta de una “vulneración continuada” de sus derechos para hacer frente a la falta de efectivos y denuncia que la plantilla está siendo sometida a una presión que, a su juicio, resulta insostenible.
Entre las situaciones denunciadas se encuentran jornadas de hasta 16 horas diarias, con turnos encadenados de lunes a domingo, así como la supresión de los descansos mínimos obligatorios.
El sindicato asegura que tampoco se estarían respetando las 11 horas de descanso diario ininterrumpido ni las 48 horas de descanso semanal. A esto añade notificaciones que, según denuncia, se realizan de manera irregular mediante canales no oficiales, como grupos de WhatsApp, así como la denegación de permisos sin una motivación por escrito.
La organización policial señala además que los agentes están sufriendo una “imposibilidad absoluta” de conciliar su vida familiar y que tampoco estarían recibiendo compensación por los excesos horarios.
“La plantilla ya no da abasto”
Desde la UFP consideran que la solución no puede pasar por seguir aumentando la carga de trabajo de los policías que ya están destinados en Ceuta. El sindicato reclama que se envíen nuevos efectivos para hacer frente a la situación y critica que, en lugar de solicitar refuerzos, la Jefatura esté “exprimiendo a una plantilla que ya no da abasto”.
A la situación laboral se suma, según la organización, un problema de carácter operativo que estaría afectando directamente a la seguridad ciudadana. La UFP asegura que los agentes carecen de instrucciones claras sobre cómo actuar ante la presencia de inmigrantes que permanecen o deambulan por distintos puntos de la ciudad.
Según el sindicato, “no se les permite intervenir”, una situación que, afirma, estaría generando un clima de inseguridad y alterando la normalidad de la ciudad.
Preocupación ante el 15 de agosto
La UFP pone también el foco en la posibilidad de que se produzca un nuevo intento de entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto. El sindicato asegura que existen llamamientos difundidos a través de redes sociales y considera que, ante este escenario, deberían haberse establecido ya instrucciones concretas para los agentes.
La organización critica que, pese al riesgo existente, la Jefatura Superior continúe sin impartir, según su versión, órdenes claras sobre cómo actuar ante un posible nuevo episodio de presión sobre el perímetro fronterizo.
“La seguridad de Ceuta no puede sostenerse a costa de pisotear los derechos de los agentes”, sostiene la UFP, que advierte además de los riesgos psicosociales y físicos a los que estarían expuestos los policías.
Exigen la intervención del Gobierno
Ante la falta de respuesta de la Jefatura Superior, la UFP reclama a la Delegación del Gobierno y al Gobierno de la Nación que asuman su responsabilidad y activen de manera urgente los refuerzos necesarios para Ceuta.
El sindicato exige también que se establezcan protocolos de actuación claros para que los policías sepan cómo intervenir ante las diferentes situaciones que puedan producirse, especialmente ante un posible nuevo intento de entrada masiva.
La UFP advierte finalmente de que, si persiste lo que califica como “silencio institucional”, continuará trasladando la situación a las instancias superiores en Madrid y anuncia que adoptará las medidas legales que considere necesarias para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los agentes.
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