Ceuta está viviendo unas de las jornadas más difíciles de su historia reciente.
La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegaba después de días de angustia, incertidumbre y una presión migratoria sin precedentes que ha desbordado las capacidades de una ciudad que vuelve a sentirse en primera línea de una crisis que afecta directamente a la frontera exterior de Europa.
El reconocimiento de Sánchez de que lo ocurrido constituye un “ataque a la integridad territorial de España” supone un cambio en el tono institucional que Ceuta reclamaba desde el primer momento. La ciudad necesitaba escuchar que lo sucedido no era únicamente una emergencia migratoria, sino un episodio que afecta a la seguridad, a la soberanía nacional y al propio equilibrio de una frontera europea.
Sin embargo, las palabras deben dar paso ahora a los hechos. Esa es precisamente la principal reclamación trasladada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien, aunque mantuvo la tradicional lealtad institucional en asuntos de Estado, fue contundente al señalar que la respuesta del Gobierno central ha sido “tardía e insuficiente”. Una crítica que nace de la percepción de que Ceuta ha tenido que afrontar durante días una situación límite con unos medios claramente insuficientes.
La ciudad ha pedido medidas extraordinarias: la declaración de interés nacional, un refuerzo permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la movilización de las Fuerzas Armadas y una actuación coordinada que permita recuperar la normalidad. Porque Ceuta no puede asumir en solitario una presión de estas dimensiones.
Más allá de las cifras, detrás de esta crisis hay una realidad que ha cambiado la vida cotidiana de los ceutíes. Comercios cerrados por recomendación de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios, calles con una presencia masiva de personas sin ubicación clara, servicios públicos sometidos a una presión extrema y una ciudadanía que ha vivido estos días con una sensación creciente de inseguridad y abandono.
La decisión de suspender las Fiestas Patronales representa la imagen más dolorosa de hasta dónde ha llegado esta crisis. Ceuta ha tenido que renunciar a uno de sus momentos más importantes del año, a una celebración que forma parte de su identidad colectiva, porque no existen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la tranquilidad que requiere una Feria.
No es una decisión menor. Supone un golpe para los que la disfrutamos, los empresarios, feriantes, hosteleros, comerciantes y para miles de familias que esperaban recuperar la normalidad tras meses de preparación. Pero también es una muestra de la excepcionalidad del momento que atraviesa la ciudad.
Mientras tanto, la prioridad debe ser recuperar el control de la frontera y garantizar una gestión ordenada de quienes han entrado irregularmente.
Sánchez ha anunciado refuerzos policiales, presencia militar, la aceleración de expedientes y nuevas medidas como las barreras físicas en el espigón del Tarajal.
Ahora corresponde comprobar que esos anuncios se convierten en actuaciones eficaces.
La crisis deja además una tragedia humana imposible de ignorar. Casi un centenar de personas han perdido la vida intentando acceder a Ceuta, víctimas de unas ilusiones que juegan con la desesperación y convierten la frontera en rutas de riesgo extremo. Pero esa tragedia no puede ocultar la necesidad de proteger una frontera que es española y europea.
Ceuta ha demostrado durante estos días una enorme capacidad de resistencia y solidaridad. Ahora espera que esa misma responsabilidad sea compartida por todas las instituciones.
La ciudad no pide privilegios; reclama algo que debería estar garantizado: seguridad, medios suficientes y el respaldo efectivo del Estado ante una situación que ha demostrado que Ceuta no puede volver a quedar sola frente a una crisis de esta magnitud.
Ceuta y los ceutíes necesitan ahora recuperar la normalidad y la tranquilidad. Volver a abrir sus comercios, recuperar sus calles, celebrar sus tradiciones y mirar al futuro con la confianza de que nunca más tendrán que afrontar una situación de estas dimensiones sin la respuesta inmediata y contundente de todas las instituciones.
La ciudad ha demostrado una vez más su fortaleza, pero también ha dejado claro que la defensa de su frontera y de su convivencia es una responsabilidad compartida que no puede recaer únicamente sobre sus ciudadanos.
