Han transcurrido cinco años desde la crisis migratoria que situó a Ceuta en el centro de la actualidad nacional. Cinco años para extraer conclusiones, revisar protocolos y preparar una respuesta eficaz ante la posibilidad de que los acontecimientos volvieran a repetirse. Cinco años que, a la vista de lo sucedido durante las últimas cuarenta y ocho horas, parecen no haber servido absolutamente para nada.
Como hago cada mañana, a las siete recorrí el tramo comprendido entre la playa de la Ribera y la frontera del Tarajal. La situación ya era entonces preocupante. Cuatro horas más tarde había adquirido unas dimensiones muy superiores. La llegada continuada de ciudadanos marroquíes, adultos y menores, cruzando a nado el espigón fronterizo con ayuda de flotadores o de cualquier otro elemento de flotación se había convertido en una escena prácticamente ininterrumpida. Las sirenas de ambulancias y de vehículos policiales no dejaban de sonar y la ciudad transmitía una sensación de tensión que hacía años no se vivía.
Lo verdaderamente preocupante no era únicamente el número de personas que alcanzaban las playas ceutíes. Lo era, sobre todo, la respuesta ofrecida por las administraciones responsables de la protección de la frontera. Durante la jornada anterior era visible la presencia de patrullas de la Guardia Civil a lo largo del litoral comprendido entre Fuente Caballos y el Tarajal. En la mañana del día 30 esa presencia había desaparecido, o al menos había dejado de ser perceptible en un recorrido de casi cuatro kilómetros que realizo diariamente. Mientras tanto, las embarcaciones de la Guardia Civil cumplían con profesionalidad la misión que la ley les impone: rescatar y trasladar al puerto a quienes permanecían en el agua. Esa actuación merece todo el reconocimiento. Lo que resulta difícil de comprender es que esa labor humanitaria pareciera haberse convertido en la única respuesta visible frente a una situación que exigía simultáneamente el ejercicio efectivo del control de una frontera exterior de la Unión Europea.
Lo ocurrido no puede calificarse como un episodio inesperado. La primera avalancha ya permitía prever que, mientras persistieran las mismas circunstancias al otro lado de la frontera, el fenómeno volvería a reproducirse. El efecto llamada es una realidad conocida desde hace años. Cuando centenares de personas comprueban que otros han logrado acceder a territorio español, el número de quienes intentan repetir el mismo recorrido aumenta inevitablemente.
Cinco años después de la crisis de 2021 resulta difícil aceptar que las administraciones responsables no estuvieran preparadas para una situación que presentaba todos los indicios de agravarse. No se trataba de una amenaza imprevisible, sino de un escenario anunciado durante más de treinta y seis horas. La sensación que muchos ciudadanos hemos percibido sobre el terreno es la de una preocupante falta de previsión y de capacidad de reacción.
Existe además otra realidad que conviene expresar con claridad. Quienes conocen el funcionamiento habitual de la frontera del Tarajal saben que una entrada masiva de estas características no se produce sin una relajación efectiva del control ejercido en el lado marroquí. La intensidad de los cruces depende en gran medida del grado de vigilancia que allí se ejerza. Esa circunstancia forma parte de la experiencia acumulada durante décadas y resulta imposible ignorarla al analizar lo sucedido.
Sin embargo, centrar todo el debate en la actuación de Marruecos sería un error. La primera obligación de cualquier Estado consiste en estar preparado para responder cuando una situación de este tipo se produce. Y eso es precisamente lo que, a mi juicio, ha fallado. No basta con gestionar las consecuencias cuando la crisis ya se ha desencadenado. La función de una Administración eficaz consiste, sobre todo, en anticiparse a los acontecimientos previsibles y evitar que alcancen dimensiones incontrolables.
Es en este punto donde cobra sentido una reflexión jurídica que considero imprescindible. En los últimos años se han utilizado con excesiva ligereza conceptos como rescate, interceptación, devolución o vulneración de derechos humanos, como si todos describieran una misma realidad. No es así.
El caso de Ceuta presenta una singularidad evidente. En la mayoría de las ocasiones no hablamos de embarcaciones interceptadas en alta mar, sino de personas que cruzan la frontera nadando con ayuda de un flotador hasta alcanzar directamente la playa española. Trasladar automáticamente al caso de Ceuta los razonamientos jurídicos elaborados para otros supuestos conduce con frecuencia a interpretaciones discutibles.
Pero incluso cuando se trata de embarcaciones interceptadas en el mar conviene mantener la precisión terminológica. Interceptar no es rescatar. La interceptación constituye una actuación de control fronterizo. El rescate nace cuando existe un peligro real para la vida de las personas. Confundir ambos conceptos supone aplicar a situaciones diferentes un mismo régimen jurídico y desdibujar instituciones que responden a finalidades completamente distintas.
No debe olvidarse, además, un aspecto esencial. Las normas que regulan el salvamento marítimo no fueron concebidas para regular los movimientos migratorios ni para diseñar una política de fronteras. Su finalidad es exclusivamente humanitaria: evitar la pérdida de vidas en el mar y garantizar que toda persona en peligro alcance un lugar seguro. Convertir unas normas concebidas para proteger la vida humana en el mar en el fundamento principal de una política migratoria supone extender su ámbito de aplicación mucho más allá del propósito para el que fueron concebidas.
Salvar vidas constituye una obligación jurídica y moral incuestionable. Pero un Estado tiene otra obligación igualmente irrenunciable: proteger sus fronteras y garantizar el cumplimiento de la ley. Ambas responsabilidades no son incompatibles. Al contrario, deben ejercerse simultáneamente. Cuando una de ellas desaparece de la práctica diaria, el resultado no es un equilibrio entre humanidad y seguridad, sino el fracaso de la acción pública.
Lo ocurrido en Ceuta durante estas horas debería servir, al menos, para abrir un debate sereno sobre la responsabilidad de quienes tienen encomendada la protección de nuestras fronteras. Si después de cinco años volvemos a contemplar escenas semejantes, quizá el problema ya no resida únicamente en la presión migratoria ni en la actuación del país vecino. Quizá debamos preguntarnos también qué ha fallado en nuestras propias instituciones para que una crisis anunciada haya vuelto a sorprendernos como si fuera la primera vez.
