Salvado el primer punto de partido, el que tensó la cuerda entre Urbaser y el Gobierno local hasta extremos inconfesables durante el pasado mes de enero cuando la empresa amenazó con no dejar ni las escobas, mucho menos medio centenar de vehículos, a Trace, su sucesora como concesionaria de los servicios de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, el Ejecutivo que preside Juan Vivas y uno de los brazos del todopoderoso Grupo ACS que lidera Florentino Pérez se vieron ayer las caras.
El director general de Urbaser, José María López Piñol, se desplazó hasta la ciudad autónoma para abordar directamente con la Administración local el finiquito de la relación que les ha unido durante los últimos 21 años alrededor de las basuras.
La empresa reclama al Gobierno de Ceuta alrededor de diez millones de euros (Aróstegui aseguró ayer en rueda de prensa que es mucho más, unos 16), según fuentes del Ejecutivo local. Sobre una parte, aproximadamente la mitad, no se esperan grandes problemas.
Son las facturas corrientes de las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre. Como el Gobierno ceutí mantiene un orden de pagos que prioriza el abono de nóminas, compromisos financieros y pequeñas y medianas empresas, los contratos mastodónticos como el de Urbaser, el de la planta de transferencia de basuras y el de alumbrado son los últimos en saldarse.
Más discrepancias existen sobre la otra mitad, los “aproximadamente cinco millones” que Urbaser entiende que se le adeudan por la subida salarial que asumió hace años para evitar una huelga en Semana Santa con la mediación de la Consejería de Medio Ambiente; por servicios supuestamente realizados al margen del pliego de condiciones del servicio que gestionaba (por ejemplo, en los polígonos del Tarajal) y los intereses legales de ambas reivindicaciones.
Fuentes del Gobierno local afirmaron ayer que el conflicto no ha llegado a los Juzgados y que, al menos de momento se limita a “reclamaciones administrativas”.
