Ceuta vuelve a estar en primera línea de una crisis migratoria que desborda sus capacidades. Cerca de 1.000 personas han entrado en la ciudad en apenas siete días, y tanto los recursos de acogida como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan ya al límite. Y eso, sin contar aquellos de los que apenas tenemos un nombre, una foto y una fecha de probable salida en la que se echaron al mar a la espera de alcanzar la ciudad. Al margen de la crisis, la inmigración es, sobre todas las cosas, un auténtico drama.

Frente a esta situación, la línea que se debe defender es clara: no es momento de confrontación, sino de que Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma, como ya están haciendo, sigan trabajando coordinadas para trasladar a Madrid y a Europa la gravedad de lo que ocurre en Ceuta, de lo que está ocurriendo y de lo que se preveía que iba a ocurrir.

Los números hablan por sí solos. Una entrada de esa magnitud en tan pocos días no es una anécdota ni un repunte pasajero como se quiere hacer ver: es una presión real y sostenida sobre una ciudad de recursos limitados.

Los dispositivos de acogida están al límite y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cada día sostienen la frontera y la seguridad de todos, lo hacen bajo una tensión que no puede prolongarse indefinidamente sin que lleguen refuerzos y, sobre todo, las respuestas.

Aquí sabemos bien lo que significa una crisis migratoria de gran escala. Ya la vivimos, y no queremos volver a pasar por algo así.

Esa memoria reciente es, precisamente, la que debe empujarnos a actuar con anticipación y con cabeza, no a repetir errores del pasado.

Por eso resulta especialmente importante que, en estos días, Delegación del Gobierno y Ciudad Autónoma hayan optado por el camino de la coordinación y no por el de la confrontación estéril.

No es momento de buscar culpables ni de librar batallas políticas dentro de casa. Es momento de sumar. Y ambas administraciones lo están haciendo: trabajando juntas para que la magnitud real de lo que vive Ceuta llegue con claridad a Madrid, y también a las instituciones europeas.

Porque esta no es una cuestión que la ciudad pueda ni deba resolver sola. Es frontera exterior de España, sí, pero también lo es de la Unión Europea.

Lo que ocurre en sus costas y en sus calles es, por tanto, una responsabilidad compartida que va mucho más allá de esta ciudad autónoma.

La línea sobre la que se debe trabajar es esa, la vía del trabajo conjunto.

La ciudad y sus ciudadanos necesitamos que la coordinación institucional que hoy se demuestra puertas adentro se traduzca también en respuestas puertas afuera: en apoyo efectivo desde Madrid y en compromisos claros desde Europa.

La ciudad ha demostrado, una vez más, su capacidad de respuesta y su responsabilidad institucional. Ahora corresponde a Madrid y a Bruselas estar a la altura de esa misma responsabilidad.