El Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA y CHA, 'La Izquierda Plural', en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social instando al Gobierno central a “abordar la modificación de los convenios y acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, así como de su legislación interna, para mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla”.
La iniciativa advierte de que los más de 4.000 trabajadores de Marruecos que vienen diariamente a trabajar por cuenta propia o ajena a Ceuta y Melilla son “uno de los principales motores que contribuyen al desarrollo de estas ciudades, tanto por la riqueza directa que generan con su trabajo como por la riqueza indirecta que generan a través del consumo de bienes y denuncian que a pesar de ello padecen “una discriminación laboral por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario como Marruecos”.
“Entre estas discriminaciones”, refiere la Proposición, “podemos destacar principalmente: retención del IRPF a pesar de no tener derecho a presentar la declaración de renta, descuento del 24,75 % en sus nóminas en concepto de aplicación del Impuesto de la Renta a no Residentes, no tienen derecho a la prestación por desempleo a pesar de cotizar por ello, pagan desorbitadas tasas para la renovación de sus permisos, se les reduce el permiso de trabajo de cinco a un año y se les aplica con arbitrariedad la asistencia sanitaria, por poner algunos ejemplos".
Según Izquierda Plural, el Convenio de Doble Imposición (CDI) suscrito entre España y Marruecos “no contiene disposición específica sobre la tributación de los trabajadores transfronterizos, por lo que la normativa que se les aplica por los rendimientos obtenidos en España es la del Impuesto sobre la Renta de no Residentes cuyo tipo impositivo es del 24,75%”. "Sin embargo”, compara, “los trabajadores fronterizos residentes en Francia y Portugal solo están sometidos a imposición en el Estado que son residentes”.
Este y otros factores dibujan, a según la iniciativa parlamentaria, “una discriminación flagrante” de los derechos de los transfronterizos del país vecino “y un agravio comparativo con el resto de trabajadores por el solo hecho de ser nacionales de un país no comunitario”.
