Durante meses nos dijeron que no había caso. Que todo era ruido, persecución judicial y, por supuesto, otra embestida de la omnipresente «máquina del fango». El argumentario era el habitual: cuando la Justicia se aproxima demasiado al poder, el problema nunca está en los hechos, sino en quien se atreve a investigarlos.
Pero la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado sentencia.
David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, ha recibido dieciocho años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.
La sentencia no es firme y será recurrida. El tribunal, además, ha absuelto del delito de tráfico de influencias. Hay que decirlo porque el rigor obliga. Pero el rigor también obliga a recordar que aquello que durante meses se presentó como una persecución política sin fundamento ha terminado, en primera instancia, con una condena por corrupción administrativa.
La historia comenzó con una plaza pública creada en 2017 por la Diputación de Badajoz para coordinar las actividades de los conservatorios provinciales. El beneficiario fue David Sánchez.
Las sospechas se centraron en la creación y configuración del puesto, el procedimiento de selección, las funciones realmente desempeñadas y las posteriores modificaciones administrativas. Las acusaciones sostuvieron que la plaza había sido diseñada para favorecer al hermano del presidente y atribuyeron a los hechos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, llegando a solicitar penas de prisión.
La Fiscalía, sin embargo, no vio delito.
Pidió el archivo durante la instrucción y, celebrado el juicio, reclamó la absolución de los once acusados al considerar que las pruebas no acreditaban los delitos imputados.
Pero tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz han llegado a una conclusión diferente. Tras examinar la documentación y escuchar a acusados, testigos y peritos, han considerado probada la existencia de decisiones administrativas arbitrarias.
Y la prevaricación no es una errata burocrática. Exige una actuación arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia. Eso es lo que, en primera instancia, ha apreciado el tribunal.
Pedro Sánchez llegó a La Moncloa cabalgando sobre la corrupción ajena y proclamando una regeneración moral de España. Durante años, cada investigación del adversario exigía explicaciones; cada imputación, responsabilidades; cada sospecha, dimisiones.
Hasta que las investigaciones comenzaron a llamar a la puerta de casa.
Entonces apareció la «máquina del fango», el lawfare, los bulos y las conspiraciones. Y, de pronto, algunos descubrieron las virtudes de la presunción de inocencia que tantas veces habían administrado con cicatería a sus adversarios.
Ahora hay una sentencia condenatoria. Recurrible, sí. No firme, también. Pero condenatoria.
Y mientras tanto, el hermanísimo ha vivido bajo el confortable paraguas de La Moncloa.
No es una metáfora. La propia Presidencia del Gobierno admitió, en respuestas oficiales publicadas por El Debate, que David Sánchez no asumió los gastos de manutención durante su estancia en el complejo presidencial, aunque se negó a detallar cuánto había costado al contribuyente.
Es decir: usted y yo pagamos.
El ciudadano corriente paga su vivienda, su comida, su coche y sus impuestos. El hermano del presidente ha podido residir en el complejo presidencial con gastos de manutención que no salieron de su bolsillo y cuyo coste exacto el Gobierno no quiso transparentar.
La imagen es políticamente obscena.
Porque La Moncloa no es un cortijo, ni una finca familiar de los Pérez-Castejón. Es la sede de la Presidencia del Gobierno y se mantiene con el dinero de todos los españoles. Y hablamos ahora de una persona condenada —en sentencia todavía no firme— a nueve años de inhabilitación por cooperar necesariamente en un delito de prevaricación.
También merece atención la posición de la Fiscalía. Su petición de absolución fue jurídicamente legítima: el Ministerio Público no debe acusar si considera insuficientes las pruebas. Pero resulta inevitable que una divergencia tan profunda entre la Fiscalía y una sentencia condenatoria unánime alimente el debate sobre una institución cuya credibilidad atraviesa momentos difíciles.
No hacen falta conspiraciones. Bastan los hechos.
La Fiscalía pidió la absolución. El tribunal condenó. Las acusaciones reclamaron también condenas por tráfico de influencias. El tribunal las rechazó.
Eso es la Justicia.
Pedro Sánchez no es penalmente responsable de los actos de su hermano. Pero políticamente tendrá que convivir con una imagen difícil de borrar: el presidente que llegó al poder sobre la corrupción del adversario contempla ahora cómo la Justicia condena a su propio hermano, mientras este "inquiokupa consentido y de lujo" ha disfrutado y sigue disfrutando del inquilinato de La Moncloa, con todos los gastos de manutención y de coches oficial asumidos por el erario público, o sea por todos los españoles.
El círculo de la superioridad moral empieza a cerrarse.
Porque la «máquina del fango» sirve mientras solo existen denuncias e investigaciones. Cuando llega una sentencia, el fango empieza a tener forma de prevaricación y años de inhabilitación y en otros casos de cárcel.
La Moncloa no es una residencia familiar. El Estado no es una propiedad privada. Y el dinero público no pertenece al presidente ni a su parentela.
Cuando quienes gobiernan empiezan a confundir lo público con lo propio, el problema ya no es solo quién ocupa La Moncloa. El problema es que algunos terminan creyendo que La Moncloa es suya.
