Los funcionarios de Ceuta también forman parte de los cerca de 2,9 millones de empleados públicos que continúan viendo reducidas sus pagas extraordinarias como consecuencia del recorte aprobado en 2010, una medida que nació con carácter temporal durante la crisis económica y que sigue aplicándose más de una década y media después.
La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), han unido fuerzas para reclamar la devolución íntegra de las cantidades recortadas en las pagas extraordinarias.
Las organizaciones sostienen que este recorte, planteado inicialmente como una medida extraordinaria y temporal, se ha convertido en un problema estructural que ha provocado una importante pérdida de poder adquisitivo entre los empleados públicos, una situación que también afecta a los trabajadores de la Administración en Ceuta.
El impacto económico se mantiene
Los sindicatos denuncian que, mientras el recorte aplicado en 2010 fue porcentual, las posteriores subidas salariales han sido lineales, lo que ha provocado que la pérdida económica acumulada sea mucho mayor, especialmente entre los funcionarios con mayores responsabilidades y antigüedad.
En el caso de los médicos, la CESM calcula que cada facultativo dejará de percibir este verano 724,64 euros en la paga extraordinaria, una cifra que alcanza los 1.449,28 euros al sumar la paga de diciembre. Desde 2010, el recorte acumulado supera los 20.350 euros únicamente en sueldo y trienios, con una pérdida de poder adquisitivo del 25 %en el sueldo base.
Por su parte, FEDECA estima que los funcionarios de los cuerpos superiores han sufrido recortes superiores al 10 %de sus salarios, con pérdidas que oscilan entre 550 y 1.750 euros por paga extraordinaria, dependiendo de la antigüedad, a lo que se suma el efecto continuado de la inflación.
Otros colectivos también reclaman una solución
Los funcionarios de prisiones representados por TAMPM cifran en unos 6.000 euros la cantidad dejada de percibir desde la aplicación de la medida, mientras que los inspectores de Educación elevan esa pérdida hasta los 15.000 euros, aunque las cantidades varían en función de las retribuciones de cada comunidad autónoma.
Las organizaciones consideran que ya no existe ninguna justificación para mantener un recorte aprobado en un contexto de crisis económica que fue superado hace años. A su juicio, mantener esta situación supone un agravio comparativo para millones de empleados públicos, incluidos los que desarrollan su labor en Ceuta.
Ante esta situación, los sindicatos han solicitado reuniones con los grupos parlamentarios y con los ministerios competentes para exigir la recuperación de las cantidades recortadas. Asimismo, trabajan para sumar a otros colectivos afectados con el objetivo de impulsar acciones conjuntas a partir del próximo mes de septiembre si sus reivindicaciones no obtienen respuesta.
