El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto por el que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados de las comunidades autónomas según su población, un paso clave para "prorrogar" el modelo de reubicación de los jóvenes tras un año en vigor, hecho que beneficia a Ceuta
De acuerdo a los nuevos datos, aportados por el Ministerio de Juventud e Infancia, la comunidad que más niños y adolescentes debe atender es Andalucía, 3.009; seguida de Cataluña, 2.829; la Comunidad de Madrid, 2.471; y Comunidad Valenciana, 1.903; mientras que en todos los demás territorios la cifra se sitúa por debajo de los 1.000 menores.
El criterio de la población
El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la modificación de la ley de extranjería para destensar los sistemas de acogida de territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla y así mejorar la atención a los menores, un modelo que ha encontrado la oposición frontal de la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Esta capacidad ordinaria es clave dentro del sistema porque establece cuál es el número de niños y adolescentes que una comunidad debería acoger en base a su población.
Esto determina cuándo se considera que un territorio está sobrepasado y puede trasladar a los chicos que recibe a otro lugar: cuando supere el triple de su capacidad. Actualmente, las comunidades que cumplen este requisito y, por lo tanto, se encuentran en situación de contingencia migratoria, son Canarias, Ceuta y Melilla.
Detrás de los cuatro territorios que deberían tener mayor capacidad de acogida según su población se encuentra Galicia, con 940 plazas; Castilla y León, con 830; Canarias, con 783; Euskadi, con 776; Castilla-La Mancha, con 742; Región de Murcia, con 553; Aragón, con 476; Islas Baleares, con 434; y Extremadura, con 364.
Hacia el final de la lista se encuentran Asturias, con 352 plazas; Navarra, con 237; Cantabria, con 206; La Rioja, con 114; Melilla, con 30; y Ceuta, con 29.
El Gobierno pone en valor el sistema
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha puesto en valor este modelo, que por primera vez obligó a las comunidades a hacerse cargo, entre todas, de los menores migrantes que llegaban solos a España independientemente de adónde lo hicieran.
Saiz ha destacado que este sistema permite poner en el centro el interés superior del menor y el real decreto aprobado hoy es «un paso más» para proteger a los niños y adolescentes.
A través de un comunicado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado el apoyo del Gobierno a todos los territorios en este aspecto y ha recordado que el pasado año se transfirieron 230 millones de euros a las comunidades para la atención de la infancia migrante ni acompañada, de los que Canarias recibió más de la mitad (140 millones).
