Ceuta cuenta actualmente con 2.218 expedientes de valoración de discapacidad pendientes de resolución, según la respuesta remitida por el Gobierno a una batería de preguntas formuladas en el Senado por los representantes del Partido Popular, Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam.
Así lo ha puesto de manifiesto el PP de Ceuta, que denuncia una situación de “colapso” en el sistema de valoración de la discapacidad gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en la ciudad.
Tal y como refleja la nota remitida a los medios este domingo, la formación popular sostiene que la información facilitada por el Ejecutivo confirma la existencia de importantes retrasos en la tramitación de los expedientes y pone de manifiesto que cientos de familias ceutíes continúan esperando durante largos periodos de tiempo el reconocimiento de un derecho del que dependen prestaciones, ayudas y recursos esenciales.
Según los datos aportados por el Gobierno, de los 2.218 expedientes pendientes, un total de 1.751 acumulan más de seis meses de espera. El PP subraya que esta cifra supone que cerca del 80 por ciento de las solicitudes pendientes superan el plazo máximo legal establecido en el Real Decreto 888/2022 para la resolución de este tipo de procedimientos.
Esperas que superan los plazos legales
La respuesta oficial también reconoce, según destaca el Partido Popular, que el tiempo medio de espera para obtener una valoración de discapacidad en Ceuta se sitúa actualmente entre un año y medio y dos años.
Para los populares, estos datos evidencian una situación de saturación administrativa que afecta de forma directa a los ciudadanos que necesitan acceder a prestaciones económicas, servicios de apoyo, beneficios fiscales o recursos asistenciales vinculados al reconocimiento oficial de un grado de discapacidad.
Desde la formación consideran especialmente preocupante que el propio Ejecutivo admita la existencia de estas demoras sin ofrecer un calendario concreto para revertir la situación. A juicio del PP, el problema no puede seguir afrontándose mediante anuncios o previsiones futuras sin resultados tangibles para las personas afectadas.
La formación recuerda además que el reconocimiento de la discapacidad constituye un requisito indispensable para acceder a numerosos derechos y ayudas públicas, por lo que cualquier retraso en la tramitación de los expedientes tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los solicitantes y sus familias.
El PP reprocha la falta de información detallada
Otro de los aspectos criticados por el Partido Popular es que, según asegura, el Gobierno no respondió de forma completa a varias de las cuestiones planteadas por los senadores ceutíes.
Entre los datos que, según la formación, no fueron facilitados figuran el número de personas que llevan esperando más de un año o más de dieciocho meses para obtener una resolución, así como la cifra de menores pendientes de valoración.
Tampoco se habría concretado cuántos ciudadanos han visto retrasado el acceso a prestaciones, ayudas o beneficios por no disponer todavía del reconocimiento oficial de su grado de discapacidad.
Para el PP, la ausencia de estos datos impide conocer con exactitud el alcance real del problema y dificulta evaluar sus consecuencias sobre los afectados y sus familias.
También alertan sobre la dependencia
La respuesta del Ejecutivo también hace referencia a la gestión de la dependencia. Según destaca el Partido Popular, el Gobierno reconoce que siguen existiendo expedientes pendientes tanto de valoración como de revisión.
Los populares consideran igualmente preocupante esta circunstancia y recuerdan que la gestión de estos procedimientos corresponde directamente al IMSERSO en Ceuta, por lo que atribuyen al Gobierno central la responsabilidad exclusiva de garantizar una atención adecuada y dentro de los plazos establecidos.
En este sentido, sostienen que los ciudadanos tienen derecho a recibir una respuesta ágil por parte de la Administración y a que los procedimientos vinculados a la discapacidad y la dependencia no acumulen retrasos prolongados.
Críticas a los anuncios sin fechas
El Partido Popular señala además que la contestación remitida por el Gobierno vuelve a apoyarse en medidas anunciadas para mejorar la situación, entre ellas la futura convocatoria de una plaza de médico, posibles contrataciones de personal, procesos de reorganización interna y acciones formativas dirigidas a los trabajadores.
Sin embargo, la formación reprocha que ninguna de estas iniciativas vaya acompañada de fechas concretas para reducir la lista de espera o recuperar el cumplimiento de los plazos legales.
La senadora Cristina Díaz Moreno afirmó que la respuesta gubernamental confirma por escrito que “miles de ceutíes esperan durante años el reconocimiento de un derecho básico” y recordó que detrás de cada expediente existe una persona o una familia que necesita acceder a recursos y apoyos esenciales.
Asimismo, la parlamentaria recordó que Ceuta depende directamente del IMSERSO, por lo que, en su opinión, el Gobierno no puede trasladar responsabilidades a otras administraciones ni eludir su responsabilidad en la gestión de estos servicios.
Nuevas iniciativas parlamentarias
Ante esta situación, el Partido Popular ha anunciado que continuará impulsando iniciativas parlamentarias para exigir medidas que permitan normalizar el funcionamiento del Centro Base de Discapacidad de Ceuta.
Entre las reivindicaciones planteadas por la formación figuran el refuerzo de los equipos de valoración, la reducción de las listas de espera y la garantía de que los ciudadanos puedan obtener el reconocimiento de sus derechos dentro de los plazos previstos por la legislación vigente.
Los populares concluyen que la situación requiere una respuesta inmediata por parte del Ejecutivo para poner fin a unas demoras que, según sostienen, el propio Gobierno ha reconocido oficialmente en su respuesta parlamentaria.
