Se puede juzgar a un rey emérito, a la mujer del presidente del Gobierno, a un fiscal General del Estado, a un ministro o a un juez?
El artículo 14 de la Constitución establece que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación.
En un sistema democrático nadie puede tener una patente de corso para actuar como le venga en gana por el cargo que ostenta.
Admitir a trámite una causa o demanda significa que el juez o tribunal ha verificado que esta cumple con todos los requisitos legales, formales y procesales. Este acto da inicio formal al proceso judicial y abre la puerta para que se investigue el fondo del asunto.
La función principal del juez instructor es investigar los hechos delictivos para averiguar qué ocurrió, identificar a los responsables y reunir pruebas, decidiendo finalmente si el caso se archiva o se eleva a juicio.
Los jueces son controlados administrativamente por los órganos de gobierno judicial (como el Consejo General del Poder Judicial) y son juzgados por otros jueces de mayor rango cuando cometen un delito. Este sistema dual garantiza su independencia sin dejarlos impunes.
Lo que nos garantiza la ley es que cada sentencia tiene que estar argumentada conforme a derecho y podrá ser recurrida a una instancia superior.
¿Puede un juez, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional prevaricar? ¿Puede todo el sistema judicial permitir el lawfare en el sistema de justicia como una herramienta para persecución, desprestigio o eliminación de un adversario político?
Begoña Gómez va a ser juzgada por los delitos que se le imputan. El juez encargado de la instrucción ha sido criticado por todo bicho viviente aunque la fiscal General del Estado no le ha llamado al orden ni tampoco una instancia superior.
El asunto de la retirada del pasaporte por la posible fuga con el apoyo de la escolta no puede hacernos pensar que el Peinado esté como una cabra en todas sus diligencias; tal vez un exceso de celo que puede llevarnos a la risa.
Lo mismo Peinado pensó en la fuga de Puigdemont y le falló el inconsciente.
José Luis Calama, especializado en delitos económicos y en ciberdelincuencia, llamó a declarar a Zapatero por encontrar pruebas indicarías en varios delitos económicos. ¿Lawfare?
¿Acoso al gobierno? ¿Trama de la judicatura para derrocar al ejecutivo? Si dejamos de creer en la justicia la democracia es un paripé que la invalida por completo.
Mezclar política y justicia huele que apesta y el Estado debe garantizarnos que existen mecanismos suficientes para impedirlo. Como decía Platón: “La peor forma de justicia es la justicia simulada”.
