Con la controvertida ‘Ley de tasas’ en funcionamiento tras su aprobación, el Ministerio de Justicia impulsa la misma con unas modificaciones que se acercan más a la tesis de los críticos Una de las medidas que más controversia ha creado desde que el ministro Alberto Ruiz Gallardón fuera nombrado ministro de Justicia, la imposición de tasas judiciales en ciertas denuncias, parece remitir en su fragor justo cuando ha echado a andar.
La razón se debe a que desde que se aprobara el anteproyecto de la misma, circunstancia que ocurrió el pasado 30 de marzo, hasta hoy, la ley en sí ha sufrido variaciones que aminoran, o directamente eliminan, muchas de sus cláusulas.
Así, justamente al inicio de esta semana, Justicia ha informado que se incrementan los umbrales de acceso y los colectivos que podrán contar con este servicio, razón por la cual el Ministerio estima que "se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva al asegurar que nadie deje de acudir a los tribunales por carecer de recursos".
Con la modificación, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 14.910,28 euros, a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se sitúa en 15.975,33 euros.
De tal modo, se consigue que en familias de cuatro o más miembros, la referencia pase a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros), así como que en circunstancias especiales, tales como de índole familiar, problemas de salud o de discapacidad, se tenga cobertura suficiente con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950,65 euros).
Estas medidas vienen a su vez a complementar otras que se han ido confirmando desde que buena parte de los distintos estamentos de Justicia de nuestro país se manifestara en contra de la imposición de tasas, cláusulas como que las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos, tengan directamente derecho a la justicia gratuita independientemente de sus rentas.
También las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños se encuentran en la misma tesitura, al tiempo que Justicia informa, sin que trascienda aún el contenido de los mismos, que se establecen nuevos controles para evitar abusos y fraudes.
¿Es una forma de dar la razón a aquellos profesionales que no han dejado de elevar quejas, manifestarse o leer comunicados, estampas y situaciones que se han vivido hasta en tres ocasiones a las puertas del Palacio de Justicia de Ceuta, donde profesionales del ámbito judicial mostraron su rechazo a la 'Ley Gallardón'?
Desde nuestra ciudad, responsables del ramo afirman que "es pronto para saber si las tasas tendrán incidencia o no y aún más para conocer si las modificaciones incluidas beneficiarán al ciudadano y si se acercarán más a lo que en un principio estimaba Gallardón o a lo que jueces, fiscales, procuradores o abogados han defendido en desde el principio". Una duda que se resolverá con el devenir del tiempo pero que, de momento, deja la evidencia de que del denominado 'tasazo' judicial se ha pasado a una especie de 'tasita'.
