La Justicia escribirá este mes, con toda probabilidad, los dos próximos capítulos, que no serán los últimos, sobre la política de nombramiento de directores y subdirectores generales de la Ciudad que ha seguido en lo que va de legislatura el Ejecutivo que preside Juan Vivas. La Federación de Servicios Públicos de UGT, que es la que ha judicializado el acceso a esos puestos de personal no funcionario, ha solicitado formalmente al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ceuta la ejecución provisional de la sentencia que, en noviembre, declaró nulo el nombramiento de José Diestro como director general de Finanzas y Presupuesto.
Una vez expirado el plazo dado por el juez a las partes para pronunciarse al respecto, el sindicato espera que se pronuncie sobre su requerimiento antes del próximo 23 de enero, jornada para la que está prevista la celebración del juicio en el que se verá el nombramiento de Adelaida Álvarez como subdirectora general de Empleo pocas semanas después de que el Gobierno local prescindiese de ella como asesora, el puesto que desempeñaba anteriormente en la Administración local.
En paralelo al primer caso corre el recurso formulado por el Ejecutivo local y firmado en calidad de “letrado de la Ciudad” por Luis Ragel contra la nulidad del nombramiento de Diestro. FSP-UGT, que augura que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tardará en pronunciarse al respecto “alrededor de un año”, considera que aún “en el improbable e hipotético caso de que los argumentos de la Administración fuesen conforme a Derecho” el director general no podrá seguir en su puesto porque “sus competencias en Recursos Humanos son sencillamente ilimitadas, lo que incide directamente en las condiciones de trabajo de los empleados públicos” y su cargo “es indudable que es destinado a ser cubierto por un funcionario público de carrera”, algo que no es.
La representación legal de los ugetistas considera que mantener a Diestro “en una Dirección General de tal calibre” a la vista de su situación procesal es “una irresponsabilidad” habida cuenta de que “un gran número de sus decisiones podrían, años después de su nombramiento, tener que anularse también, así como reintegrar a la Administración los sueldos percibidos indebidamente”.
Responsabilidad penal
Más grave todavía, advierte FSP-UGT, sería que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo atendiese también sus argumentos contra el nombramiento de Adelaida Álvarez como subdirectora general de Empleo, ya que en este caso la central estima que podrían derivarse incluso responsabilidades penales por un presunto delito de prevaricación contra quien lo avaló con su firma.
La Ciudad, que ha recurrido la sentencia de Diestro alegando que su capacidad de autogobierno le da carta de naturaleza para nombrar directores generales no funcionarios de carrera porque se trata de un puesto “eminentemente político”, discrepa de FSP-UGT y opina que los requisitos para ser director o subdirector general no son equivalentes.
Para la Federación, la única diferencia sustancial entre Diestro y Álvarez es que mientras que para allanar el camino del primero hacia la Dirección General que ocupa la Cámara adoptó un Acuerdo Plenario que atribuía tal potestad a quien hubiese sido gerente de una empresa municipal, en el de la segunda “nos encontramos ante una vulneración directa y flagrante de la legislación vigente, que un Ayuntamiento no puede torear a su antojo”.
Aunque el plazo para impugnar los nombramientos de Salvador Jaramillo, Carolina Pérez y Manuel Coronado como subdirectores generales ya ha pasado, FSP-UGT opina que de considerarse nulo el nombramiento de Adelaida Álvarez la extensión de tal doctrina a los otros tres políticos sería “automática”.
