La familia de Pedro Andrés Aranda asegura vivir desde hace más de un año una auténtica pesadilla administrativa en Ceuta. Denuncian estar viviendo lo que consideran una situación injusta con el Área de Menores de la ciudad.
También ha denunciado el padre de familia, Pedro Andrés Aranda, que desde un principio el Ayuntamiento no le puso las cosas nada fáciles para empadronar a su pareja e hijos en una vivienda cuya situación legal continúa todavía bajo procedimiento judicial, pero que no lo estaba en el momento de su llegada.
Origen: la situación de vivienda
El caso se remonta a la complicada situación que atravesó esta familia después de verse envuelta en varios procesos relacionados con una supuesta estafa vinculada a la vivienda en la que residían y que ya publicó previamente El Faro.
Durante un tiempo quedaron incluso en situación de “okupación”, aunque, según relata el afectado, finalmente lograron ganar el procedimiento judicial. Sin embargo, posteriormente se presentó un recurso que mantiene el procedimiento todavía abierto.
Un conflicto con secuelas
Aranda, padre de familia y denunciante, sostiene que todos los problemas con el Área de Menores comenzaron precisamente a raíz de aquel conflicto con la vivienda.
Cabe aclarar que todo vino de una llamada anónima, según cuenta Aranda, cuyo objetivo era presionar su salida de la vivienda, denunciando una situación no apta para los menores, refiriendo también que no estaban teniendo acceso a una educación digna porque la recibían en casa.
“Que nos dejen en paz”
“Lo que queremos es que nos dejen en paz”, dice tajante durante la entrevista con El Faro en la que describe meses de tensión y sufrimiento por el futuro de sus hijos.
Según explica, desde un primer momento el Ayuntamiento habría impedido el empadronamiento de su pareja y de sus hijos en la vivienda donde residían, esto ya le supuso un problema posterior con todo, escolarización y demás.
“Solo estoy empadronado yo”
“El gran problema es que en la vivienda solo estoy yo empadronado. Mi pareja y mis hijos no porque desde un primer momento no nos permitieron el empadronamiento”, afirma.
El rechazo al empadronamiento de su pareja venía “justificado” desde la administración porque solo contaba con pasaporte.
Desde 2025
La situación se agravó, según relata, cuando en 2025 recibieron una comunicación del Área de Menores tras una llamada anónima, según cuenta. “Me dicen que los niños no saben cómo están. Yo les digo que los niños están conmigo, en su casa”.
Desde entonces, asegura haber vivido una pesadilla pensando en que podía perder a sus hijos, que a día de hoy siguen con sus padres.
“No fue una denuncia de la Policía, ni de un juez, ni de nadie. Fue una llamada anónima lo que los movilizó, no había una orden de un juez, ni un procedimiento abierto”, dice lamentando la situación.
Colaboró, pero no fue suficiente
Pedro asegura que colaboró desde el principio aportando documentación, libros de familia, cartillas de vacunación y toda clase de acreditaciones para demostrar que los menores se encontraban bien atendidos.
Incluso afirma haber ofrecido pruebas sobre la educación en casa que estaban recibiendo los niños mientras solucionaban su situación administrativa y de vivienda.
“Nosotros podíamos acreditar perfectamente que los niños estaban bien y que se les estaba dando educación en casa”, lamenta.
“No pueden demostrarlo”
Uno de los puntos que más indignación provoca en la familia, según ha expuesto Aranda, es que las propias administraciones no pueden demostrar siquiera que los menores hayan residido en Ceuta, ya que continúan empadronados oficialmente en Pozoblanco, en Córdoba.
“No pueden demostrar que los niños hayan estado en Ceuta porque han estado empadronados continuamente en Pozoblanco”, asegura.
La familia interpreta que toda esta situación fue utilizada como una herramienta de presión. “Creemos que querían echarnos de la casa y lo intentaron yendo contra mis hijos”, lamenta refiriéndose a esa llamada anónima que movilizó al Área de Menores.
Una entrega voluntaria o tribunales
Cuenta que este mismo viernes, se presentaron agentes policiales junto a personal del Área de Menores en la vivienda familiar para intentar notificarles una supuesta “entrega voluntaria” de los niños o, de lo contrario, “tribunales”.
“Pero si yo ya estoy en los tribunales”, dijo Aranda indignado, que insiste en que nunca se ha negado a colaborar, sino únicamente a aceptar actuaciones que considera fuera de la legalidad.
“Vivir tranquilos”
“Nunca me negué a que vieran a los niños. Lo único que pedía eran garantías legales”, afirma.
Actualmente, la familia prepara su salida definitiva de Ceuta. Aseguran estar agotados emocionalmente después de meses de conflicto. Solo quieren tranquilidad, “que nos dejen en paz”. “Queremos irnos cuanto antes de Ceuta. Solo queremos vivir tranquilos”, insiste.
Buscando ayuda en Pozoblanco
Mientras tanto, Pedro Andrés A. asegura que buscará apoyo en los servicios sociales de Pozoblanco para intentar rehacer su vida lejos de Ceuta.
“Nosotros trabajamos, cuidamos de nuestros hijos y nunca hemos hecho daño a nadie”, sostiene.
Un conflicto de vivienda con consecuencias
La familia insiste en que lo único que desencadenó toda esta situación fue haber pedido ayuda cuando el techo de la vivienda donde residían sufrió daños estructurales, lo que desencadenó un conflicto con el que era su hogar.
“Lo único que hicimos fue pedir ayuda cuando se cayó el techo. Y ahora encima lidiamos con una situación grave con nuestros hijos ”, lamenta.
Su petición final es clara y directa: “Que nos dejen en paz”.
