Al Juzgado de Instrucción nº 4 de Ceuta.
Me dirijo públicamente con el máximo respeto hacia la labor de la justicia y de todos los profesionales que forman parte de ella. El objetivo de estas palabras no es atacar ni cuestionar el trabajo concreto de ninguna persona, sino expresar una reflexión que actualmente comparten muchos ciudadanos sobre la importancia del equilibrio, la objetividad y las garantías dentro del sistema judicial.
Vivimos en una sociedad donde determinados temas generan una enorme sensibilidad social, especialmente aquellos relacionados con la violencia de género, las denuncias y los conflictos personales dentro de las relaciones. Es evidente que existen mujeres que sufren auténticas situaciones de maltrato y violencia, y esas víctimas merecen toda la protección, apoyo y amparo posible por parte de la ley y de las instituciones. Nadie debería minimizar una realidad tan grave.
Sin embargo, precisamente por tratarse de asuntos tan delicados y con consecuencias tan importantes para la vida de las personas, considero igualmente necesario recordar la importancia de principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la necesidad de que toda acusación sea respaldada por pruebas suficientes y por investigaciones rigurosas.
En muchas ocasiones, parte de la ciudadanía tiene la percepción de que determinadas acusaciones pueden provocar un señalamiento social inmediato incluso antes de que exista una resolución judicial firme. Esto genera preocupación entre quienes creen que la justicia debe actuar siempre desde la prudencia, la imparcialidad y el análisis objetivo de los hechos.
"La justicia no debe funcionar desde presiones sociales, debates ideológicos ni emociones colectivas, sino desde hechos, pruebas y garantías jurídicas. Esa es precisamente la base de cualquier Estado de derecho sólido y respetado"
Defender esta idea no significa cuestionar a las víctimas reales ni restar importancia a quienes verdaderamente necesitan ayuda. Al contrario, una justicia fuerte y equilibrada es aquella capaz de proteger a las víctimas mientras garantiza también que ninguna persona sea condenada social o judicialmente sin las debidas pruebas y garantías.
La confianza en las instituciones depende precisamente de que la ciudadanía perciba que todos los procedimientos se desarrollan desde la igualdad ante la ley y desde el máximo rigor posible. Cuando existen pruebas suficientes, la justicia debe actuar con firmeza. Pero cuando los hechos no están completamente demostrados, también debe protegerse el derecho de cualquier persona a un juicio justo y objetivo.
Vivimos tiempos donde muchas veces parece difícil expresar determinadas reflexiones sin que automáticamente se interpreten desde la confrontación o los extremos. Sin embargo, creo sinceramente que una democracia madura debe permitir debatir sobre estas cuestiones desde el respeto, la serenidad y la responsabilidad.
La justicia no debe funcionar desde presiones sociales, debates ideológicos ni emociones colectivas, sino desde hechos, pruebas y garantías jurídicas. Esa es precisamente la base de cualquier Estado de derecho sólido y respetado.
Por ello, esta reflexión nace únicamente desde la preocupación ciudadana por mantener siempre el equilibrio entre la protección a las víctimas reales y el respeto absoluto a los derechos fundamentales de todas las personas implicadas en cualquier procedimiento judicial.
