La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este miércoles la suspensión cautelar de las credenciales de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo. Esta medida responde a los diversos altercados protagonizados por ambos en las dependencias de la Cámara Baja durante las últimas semanas, que también han tenido eco en Ceuta.
La resolución, que busca garantizar el orden, se mantendrá en vigor mientras se resuelven los expedientes sancionadores que ambos tienen abiertos.
De acuerdo con la información publicada por la Agencia de Noticias EFE, la propuesta, impulsada directamente por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha contado con el respaldo mayoritario de los representantes del PSOE y Sumar en la Mesa.
Por el contrario, los miembros del Partido Popular (PP) en el órgano de gobierno de la Cámara se han negado a participar en la toma de esta decisión.
Motivos de la suspensión y altercados en la Cámara
La retirada de las acreditaciones tiene un carácter inmediato y se fundamenta en un "notable deterioro de la convivencia" dentro del recinto parlamentario.
Según fuentes de la Mesa citadas por EFE, la decisión se ha precipitado tras un aumento significativo en la gravedad de las denuncias presentadas contra Quiles y Ndongo. Solo en la reunión de este miércoles, se han analizado cuatro nuevos informes del consejo consultivo de comunicación que detallan episodios de violencia verbal intolerable e incluso intentos de ataques físicos a diputadas.
Desde la Mesa se ha subrayado que este comportamiento representa un "desprecio por la libertad de expresión" de los representantes públicos y constituye una amenaza directa al funcionamiento normal del Congreso y al Estado social y democrático de derecho.
En la actualidad, Vito Quiles acumula un total de ocho expedientes abiertos, mientras que Bertrand Ndongo suma tres. Entre las infracciones investigadas se encuentran grabaciones en zonas no autorizadas y la interrupción deliberada de ruedas de prensa.
Aplicación del artículo 56.2
La decisión de suspender las credenciales se ampara en el artículo 56.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
La Agencia de Noticias EFE explica que este marco legal permite la adopción de medidas provisionales para proteger los intereses y derechos de los diputados y del resto de profesionales de los medios de comunicación acreditados.
No obstante, se trata de una medida revisable que debe ser confirmada o levantada en un plazo de 15 días, y sobre la cual cabe la posibilidad de interponer recursos legales.
El procedimiento administrativo sigue su curso y el instructor ya ha finalizado los dos primeros informes relativos a las denuncias previas. Tanto Quiles como Ndongo disponen ahora de un plazo de diez días para presentar las alegaciones correspondientes antes de que se dicte una resolución definitiva. Cabe destacar que el reglamento que regula la relación entre el Congreso y los medios fue aprobado el pasado julio, a pesar del voto en contra de formaciones como el PP, Vox y UPN.
Reacciones políticas
La medida ha generado una fuerte reacción en el arco parlamentario. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión a través de sus redes sociales, calificando a los afectados como "matones" y defendiendo la necesidad de una "política limpia".
Por su parte, el grupo parlamentario socialista ha emitido un comunicado destacando el sesgo machista en las actitudes de los sancionados, asegurando que defender la libertad de prensa implica garantizar que las ruedas de prensa no se conviertan en espacios de hostigamiento y provocación.
Desde Sumar, los representantes en la Mesa, Esther Gil de Reboleño y Gerardo Pisarello, han sido tajantes al afirmar que no se pueden permitir situaciones de acoso en un país democrático. Pisarello ha instado al PP y a Vox a dejar de "blanquear y financiar" a estos agitadores, a quienes ha acusado de actuar como "escuadristas". Según el diputado, sus actos no constituyen periodismo incómodo, sino una violencia creciente contra la democracia.
Los afectados recurrirán al Tribunal Supremo
Ante la suspensión, tanto Vito Quiles como Bertrand Ndongo han anunciado que llevarán el caso ante la justicia. Ndongo, quien trabaja para 'Periodista Digital', ha calificado la decisión de "chapuza" en sus perfiles sociales.
Por su parte, Javier Negre, director de 'EDATV' (plataforma para la que colabora Quiles), ha tildado la medida de "ataque sin precedentes a la libertad de prensa" y ha denunciado un supuesto acto de censura por parte de la Mesa.
El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, ha confirmado a la Agencia EFE que recurrirán ante el Tribunal Supremo, alegando que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de su cliente al no haber sido escuchado adecuadamente en el trámite de alegaciones. Según la defensa, las pruebas presentadas no son suficientes para justificar lo que consideran una "atrocidad legal" que limita la libertad de información en España.
