La negociación para implantar la jornada laboral de 35 horas en el ámbito del Ingesa en Ceuta ha provocado un duro enfrentamiento entre la Administración y los sindicatos sanitarios.
Tanto CSIF como CEMSATSE han mostrado públicamente su rechazo al contenido de la futura resolución que regulará la nueva jornada en Ceuta y Melilla, denunciando pérdida de derechos laborales, falta de negociación y un trato que consideran discriminatorio respecto al resto del Sistema Nacional de Salud.
Tras la celebración de la última Mesa Sectorial, ambas organizaciones sindicales coinciden en señalar al Ministerio de Sanidad y al Ingesa por imponer unas condiciones que, lejos de mejorar la situación de los trabajadores, supondrían un retroceso en aspectos relacionados con la nocturnidad, las guardias, los permisos y la conciliación.
Desde CSIF califican la reunión como “una decepción” y aseguran que el Ingesa vuelve a convertir el proceso negociador en una mera formalidad. “Ingesa insiste en que negocia, pero negociar no es hacer lo que solo una parte dice”, denuncia el sindicato.
Denuncian que Ceuta y Melilla quedan “a la cola” del sistema sanitario
Uno de los principales puntos de conflicto es la adaptación de la jornada nocturna. Según explican ambas organizaciones, la Administración pretende fijar un coeficiente de ponderación de 1,08 para las horas nocturnas, lo que supondría una reducción respecto al 1,19 que venía aplicándose desde hace años.
Para CSIF, esta decisión sitúa a Ceuta y Melilla como “las peor tratadas de todo el sistema nacional de salud” en relación con la implantación de las 35 horas.
El sindicato recuerda que el trabajo nocturno implica un importante desgaste físico, psicológico y social, reconocido tanto por la normativa laboral como por estudios científicos. Por ello, consideran inaceptable que la reducción de jornada venga acompañada de una disminución de las compensaciones existentes hasta ahora.
En términos similares se pronuncia CEMSATSE, que denuncia una “clara pérdida de derechos consolidados”. Según el sindicato, la nueva regulación elimina parte de la protección histórica vinculada a la nocturnidad.
El 061 y el SUAP, entre los colectivos más afectados
Otro de los aspectos que más críticas ha generado es la situación del personal del 061 y del SUAP. Ambos sindicatos denuncian que estos profesionales quedarán excluidos del sistema de ponderación de jornada previsto para el resto de trabajadores.
Según explican, mientras gran parte del personal verá reducida su jornada anual, este colectivo mantendrá las 1.524 horas anuales, sin beneficiarse de las compensaciones que sí se aplicarán en otros casos.
CSIF espera que la resolución definitiva corrija esta situación, mientras que CEMSATSE habla directamente de “agravio” hacia unos profesionales que consideran “los grandes olvidados” de la nueva normativa.
Críticas por las guardias y los permisos
La polémica también afecta a las guardias médicas. Según denuncia CSIF, el personal facultativo que realiza guardias podría verse obligado a asumir cerca de 80 horas más al año.
Además, CEMSATSE acusa al Ingesa de mantener el pago de las guardias de los sábados como si fueran jornadas ordinarias entre semana, pese a tratarse de días inhábiles. El sindicato asegura que en otras comunidades autónomas estas guardias sí reciben una compensación diferente y critica que la Administración justifique la situación alegando “falta de presupuesto”.
A ello se suma el recorte en los días de libre disposición. Según la organización sindical, en 2026 se pasará de 8 a 7 días, además de eliminarse los permisos compensatorios por trabajar los días 24 y 31 de diciembre.
Problemas de conciliación y “flexibilidad ficticia”
Otro de los puntos cuestionados por CEMSATSE son las medidas de conciliación incluidas en la futura resolución. Aunque la normativa contempla cierta flexibilidad horaria para trabajadores con hijos menores de 12 años, familiares dependientes o personas con discapacidad a cargo, el sindicato denuncia que el Ingesa obligará posteriormente a devolver íntegramente las horas disfrutadas.
A su juicio, esto convierte la medida en una “flexibilidad ficticia” que, en la práctica, no supone ningún beneficio real para los profesionales.
También critican la obligación de disfrutar al menos la mitad de las vacaciones entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, una medida que consideran perjudicial para la organización familiar y laboral de muchos trabajadores.
Amenazas de huelga y acciones judiciales
El malestar sindical podría traducirse en nuevas movilizaciones. CSIF ya ha advertido de que estudiará minuciosamente la resolución definitiva y no descarta acudir a la vía judicial ni convocar huelgas si se mantienen los puntos que consideran “inflexibles”.
“El sindicato evaluará minuciosamente el contenido de la resolución en cuanto sea oficial”, señalan desde la organización, insistiendo en que seguirán defendiendo “una verdadera mejora para todos los trabajadores y no una pérdida encubierta de derechos históricos”.
Por su parte, CEMSATSE asegura que la Administración se ha negado a modificar “ni una sola coma” del texto planteado, convirtiendo el proceso en una imposición y no en una negociación real.
Ante esta situación, el sindicato ya ha anunciado que impugnará la resolución ante los tribunales una vez sea publicada oficialmente. Además, ha trasladado lo ocurrido durante la Mesa Sectorial a la Junta de Personal del Ingesa.
Un conflicto aún abierto
La entrada en vigor de la nueva jornada está prevista para el próximo 1 de junio de 2026, aunque el conflicto entre sindicatos y Administración sigue abierto. Las organizaciones sindicales consideran que la implantación de las 35 horas debería traducirse en una mejora efectiva de las condiciones laborales y no en una reducción de derechos previamente consolidados.
Mientras tanto, la tensión continúa creciendo en el ámbito sanitario de Ceuta y Melilla, donde los representantes de los trabajadores acusan al Ingesa de actuar con “autoritarismo” y sin voluntad real de negociación.
