El bloqueo del Imserso lleva meses y meses generando críticas en Ceuta. No funciona con la celeridad debida y eso es algo que pone de manifiesto este domingo el PP. Ese bloqueo destapa las carencias en Ceuta y Melilla.
Así, en una nota de prensa, la formación popular exige al Gobierno de España que deje de “refugiarse en trámites, normas y respuestas burocráticas” y asuma de una vez su responsabilidad ante los retrasos del Imserso en la ciudad, “especialmente en los procedimientos de valoración y revisión del grado de discapacidad”.
Los senadores por Ceuta, Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz, han registrado, de hecho, una nueva batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, del que depende el Imserso.
Buscan que el Gobierno explique con datos cuántas personas siguen esperando, cuánto tiempo llevan bloqueadas y qué consecuencias reales están sufriendo familias, menores, personas con discapacidad, solicitantes de pensiones no contributivas y aquellos en situación de dependencia.
Más de un año para resolver un expediente de discapacidad
Desde el PP recuerdan que no se trata de una denuncia nueva relacionada con el Imserso. El propio Gobierno reconoció en respuestas parlamentarias anteriores que el tiempo medio de resolución de expedientes de discapacidad en Ceuta alcanzó los 381 días durante el primer trimestre de 2025.
“Más de un año de espera para una valoración que condiciona el acceso a prestaciones, ayudas y derechos básicos no es una demora administrativa: es un fracaso político”, señalan los populares.
Las preguntas registradas por los senadores buscan conocer cuántas personas están actualmente pendientes de valoración o revisión del grado de discapacidad en Ceuta por el Imserso, cuál es el tiempo medio real de espera, cuántos expedientes superan los plazos legales y cuántos ciudadanos han visto retrasado el acceso a prestaciones, ayudas o beneficios por no tener reconocido a tiempo su grado de discapacidad.
Asimismo, el PP exige que el Gobierno detalle cuántas personas llevan más de seis meses, más de un año o más de dieciocho meses esperando una resolución del Imserso; cuántos menores están pendientes de valoración; cuántos solicitantes de pensiones no contributivas siguen a la espera del reconocimiento necesario para acceder a la prestación; y cuántos expedientes de dependencia permanecen sin resolver en Ceuta.
Personas fallecidas pendientes de resolución
Uno de los datos más preocupantes que solicitan los senadores populares es el número de personas que han fallecido desde 2022 estando pendientes de resolución de su expediente de discapacidad o dependencia por parte del Imserso.
Para el PP, esta información es imprescindible para conocer la dimensión humana de un problema que el Ejecutivo no puede seguir despachando con respuestas frías ni evasivas.
Los populares recuerdan además que la Orden DCA/348/2026, de 8 de abril, publicada en el BOE el 17 de abril, ya desarrolla para Ceuta y Melilla el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, así como los órganos competentes del Imserso, los equipos de valoración y orientación y los trámites y plazos aplicables.
Por ello, consideran que el Gobierno ya no puede refugiarse en la falta de desarrollo normativo. “La Orden ya está publicada. Ahora el Gobierno tiene que demostrar si sirve para reducir las listas de espera del Imserso o si solo va a ser otro papel más mientras los ceutíes siguen atrapados en expedientes que no avanzan”, afirman desde el PP.
“El Gobierno no puede limitarse a aprobar normas mientras los ciudadanos siguen esperando. Las familias no viven de boletines oficiales; necesitan expedientes resueltos, prestaciones reconocidas y respuestas en plazo”, subrayan los populares.
Respuestas anteriores que demuestran parches y demoras
El Partido Popular denuncia que las respuestas anteriores del Gobierno ya evidenciaban un sistema sostenido a base de parches: demoras severas, necesidad de reforzar los equipos de valoración, dificultades para cubrir vacantes, aplicaciones informáticas obsoletas utilizadas de forma transitoria y medidas de apoyo que no han evitado que los ciudadanos sigan atrapados en los retrasos causados por el Imserso.
“El Gobierno intenta hablar de normalidad, pero sus propios datos demuestran que en Ceuta no hay normalidad. Hay un problema estructural que el Ejecutivo sigue sin resolver y que están pagando precisamente las personas que más necesitan protección”, sostienen desde el PP.
En este sentido, los populares advierten de que la situación del Imserso en Ceuta no se resuelve con contratos de apoyo, refuerzos puntuales o soluciones provisionales, sino con una planificación seria, medios suficientes y capacidad real para resolver expedientes en plazo. “Si después de normas, refuerzos y servicios de apoyo los ciudadanos siguen esperando meses o más de un año para una valoración, el problema no está resuelto: está enquistado”, afirman.
Desde el PP insisten en que Ceuta depende directamente del Estado en esta materia y que, por tanto, el Ministerio no puede escudarse en otras administraciones ni tratar esta situación como un problema ajeno. “La competencia es estatal, el Imserso depende del Gobierno de España y la responsabilidad política corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y al Ejecutivo de Pedro Sánchez”, subrayan.
Personas vulnerables afectadas
Los populares consideran especialmente grave que esta situación afecte a personas vulnerables que necesitan una valoración para poder acceder a derechos esenciales.
“No estamos hablando de un trámite cualquiera. Estamos hablando de discapacidad, dependencia, menores, mayores, pensiones no contributivas y familias que llevan meses esperando una respuesta del Imserso que condiciona su vida diaria”, añaden.
El PP de Ceuta advierte de que seguirá utilizando todos los instrumentos parlamentarios a su alcance para obligar al Gobierno a dar explicaciones y asumir responsabilidades.
“Queremos saber la verdad de la situación actual, pero sobre todo queremos que el Gobierno actúe. Ceuta no puede seguir acumulando retrasos en expedientes que afectan a derechos esenciales mientras el Ejecutivo evita asumir su responsabilidad en el Imserso y traslada a los ciudadanos las consecuencias de su falta de gestión”, concluyen.
