El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la reforma del Código Penal que busca atajar el fenómeno de la multirreincidencia elevando la penas, que tendrán incidencia en Ceuta al poder endurecer delitos como el 'petaqueo', los robos o las estafas.
La norma se envía así al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras recibir el refrendo del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN. Por su parte, ERC se ha abstenido en una votación en la que el socio minoritario del Gobierno y el resto de sus aliados de izquierdas (Bildu, Podemos, BNG y Compromís) han votado en contra.
Regularización de inmigrantes sin antecedentes penales
A su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts, que modificaba la Ley de Extranjería para que en los procesos de regularización de inmigrantes, como el que tiene en curso el Gobierno, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal suficiente en España o en otros países anteriores.
En el Senado también salió adelante otra propuesta del PP que exigía al Gobierno ampliar en dos años las plazas de Fiscalía de área, provinciales y de comunidad autónoma a razón de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000.
Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la que abogaba por ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas, lo que tendría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros.
Nuevas penas y entrada en vigor
Sí pasaron el filtro de la Mesa otras enmiendas, entre ellas dos que han quedado definitivamente aprobadas. La primera de ellas fija penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana y la segunda prevé castigar con entre tres y cinco años de prisión el llamado ‘petaqueo’, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.
También ha salido adelante otra de las modificaciones del Senado para que la norma entre en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y no 20 días después, como había propuesto el Congreso.
Endurecimiento de los delitos de robo y estafa
Durante su tramitación en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, el PSOE y Junts ya habían alcanzado acuerdos para castigar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles y endurecer las penas para determinados delitos de estafa.
Por ejemplo, se imponen penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros, pero que sean multirreincidentes, es decir, que acumulen tres condenas por este delito.
Otra de las modificaciones más relevantes establece la pena agravada de 1 a 3 años de cárcel cuando los objetos robados sean "teléfonos móviles" o "cualquier otro dispositivo móvil de comunicación, o de almacenamiento masivo de información digital susceptible de contener datos e información de carácter personal".
No obstante, queda fuera de este tipo penal el robo de dispositivos que "se encuentren a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales". Es decir, la condición es que tengan datos personales.
También se impondrá esta misma pena a aquellos que roben productos agrarios o ganaderos en explotaciones agrícolas por un valor superior a 400 euros.
La suspensión de la pena
El Código Penal recoge, actualmente, que las penas de prisión que no superen los dos años, en las que el condenado haya delinquido por primera vez y haya satisfecho las responsabilidades civiles podrán ser suspendidas, de tal forma que no entrarían en prisión.
Ahora, a modo de disuasión, la norma dejará fuera de estas condiciones la reiteración de delitos de hurto que se contemplen como multirreincidencia.
De esta forma, aquellas personas que sean condenadas por tres o más delitos de hurto no podrían evitar la cárcel.
El petaqueo
El último de los cambios, introducido durante la tramitación de la norma, establecen como delito el 'petaqueo'. Es decir, el suministro de gasolina a las narcolanchas. Así, establece una pena de prisión de tres a cinco años por la "adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro con temeridad manifiesta de cualquier forma de combustibles líquidos".
También se establece la pena de prisión de seis a dieciocho meses o multa de doce a veinticuatro meses cuando se defraude energía para el cultivo de drogas.
