Incumpliéndose la antigua resolución que fue dictada por el ex delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, en la actualidad no hay vigilancia armada, y se ha encargado esa labor a una empresa de servicios, “que ha contratado a personal no cualificado y, en algunos casos, de nacionalidad marroquí”, critica el sindicato. Tras aquellas denuncias Comisiones trasladó el asunto a la Delegación, buscando que desde la administración central se explicara la razón del cambio. Pues bien hasta la fecha no se ha dado una contraorden ni se ha mantenido encuentro alguno para explicar el porqué.
“Este hecho” supone un grave incumplimiento “de lo que prevé la Ley de Seguridad Privada y es conocido por la Delegación del Gobierno, que acepta sin reparos que, en aras a aumentar la cuenta de resultados de esta empresa, se ponga en riesgo la seguridad de una instalación esencial para el abastecimiento de agua a la población”, sentencia.
El sindicato dice ver con inquietud “cómo se sustituyen puestos de trabajo de personal altamente cualificado por otros que no reúnen los requisitos legales exigidos para el desempeño de las funciones que la Ley de Seguridad Privada atribuye expresamente a los vigilantes de seguridad”, apunta.
Dice el sindicato que la Delegación no puede obviar la responsabilidad que tiene en este asunto ya que está desatendiendo los informes técnicos emitidos consintiendo así el incumplimiento de la ley.
Lo mismo, en los pantanos y Ducar
A lo que ahora sucede en la desaladora se une lo que, dice Comisiones, puede pasar en otras instalaciones como son los pantanos o la Ducar. Señala en un comunicado que la Delegación está estilando el mismo proceder en la vigilancia de estas zonas temiendo que el ejemplo de estas empresas “cunda entre las demás afectadas para mejorar sus resultados económicos a costa de reducir gastos en seguridad”. Hasta la fecha no ha habido explicaciones públicas oficiales ante la denuncia de CCOO.
