En el argumentario de su reclamación, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, el sindicato denuncia que se ha prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legalmente establecido al omitirse “el preceptivo informe que debe, según la normativa vigente, emitir la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) antes de la concesión de la subvención”.
La protesta va mucho más allá de meros formalismos. Según los ugetistas, que solicitan la nulidad, en todo o en parte, de dos resoluciones del director provincial del SPEE, Carlos Torrado, haber reservado para “el colectivo de jóvenes” las 328 plazas del Plan “es contrario a derecho” porque “discrimina” al resto de posibles aspirantes.
“Al delimitar la subvención al colectivo de jovenes es obvio que se expulsa de antemano a quienes son objeto de contratación prioritaria”, recuerda UGT, que destaca que dichos privilegiados deben ser, según la legislación, la edad es el último criterio a tener en cuenta para elegir a los beneficiarios, por detrás de si son o no discapacitados, de su nivel de protección por desempleo, de sus cargas familiares o de su adecuación al puesto ofertado, entre otros.
Más aún. Según UGT, el proceso de selección de beneficiarios no sólo ha “ninguneado” las Órdenes Ministeriales vigentes, sino también los criterios establecidos por la propia Comisión Ejecutiva, que aprobó tener en cuenta los cursos impartidos por el SPEE o centros colaboradores entre 2009 y 2011. La Resolución de Torrado estableció, sin embargo, que se tendrán también en cuenta “los de años anteriores, sin especificar ni hacer referencia a la homologación de centro o a la fecha de expedición de los títulos”.
El recurso entiende que solo retrotrayendo el proceso de puesta en marcha de los Planes y anulando la Resolución del pasado 24 de septiembre se puede “reconocer el derecho de los demandantes de empleo de Ceuta a ser seleccionados conforme a los criterios aprobados por la Comisión Ejecutiva” catorce días antes.
UGT también recela de la entrada “directa” en los Planes de cerca de un centenar de ex alumnos de “un Plan de Empleabilidad escasa o nulamente publicitado” y de que los 328 seleccionados hayan sido destinados a hacer tareas “junto a empleados públicos”, lo que a su juicio es “un ejemplo flagrante de cesión ilegal de trabajadores” y “un caso inaceptable de equiparación de labores entre dos personas que no cobran lo mismo por ello”.
Jóvenes sí, pero “sin discriminar”
El sindicato que lidera Antonio Gil reconoce en su recurso que “siempre hemos propugnado que los jóvenes tengan un papel predominante en la participación en los Planes de Empleo”, pero advierte de que “ello no implica que se tenga que excluir y por tanto discriminar al reto de colectivos, que han detener una cabida de conformidad con los porcentajes aprobados por entender que son prioritarios por encontrarse en riesgo de exclusión social: renta activa de inserción, mujeres, discapacitados, víctimas de malos tratos...”.
