El magistrado titular de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia número 2 de Ceuta ha acordado una nueva suspensión de un juicio seguido por la comisión de un delito contra la salud pública.
Una decisión acordada al concurrir varias incidencias procesales que impiden la válida celebración de la vista oral. La causa se enmarca en la denominada Operación Karkubi, desarrollada en mayo de 2023, que parece que se enquista en el juzgado.
La investigación, dirigida por la UDYCO de la Policía Nacional, culminó con la detención de cuatro personas en una actuación desplegada entre Ceuta y Sevilla, con la que se dio por desarticulado un grupo presuntamente dedicado a organizar el traslado de pastillas psicotrópicas a Marruecos.
La Fiscalía considera que los llamados R.H.H., I.B., S.R.A. y M.A.M. coparticipaban en el reparto de funciones para distribuir pastillas de Rivotril y Trankimazin entre Ceuta y Marruecos.
Sin embargo, la vista no pudo celebrarse por la incomparecencia de uno de los acusados, identificado como I.B., quien no ha podido ser citado al encontrarse en paradero desconocido, lo que ha obligado al órgano judicial a adoptar medidas procesales específicas.
Desglose de la causa y búsqueda del acusado
El Ministerio Fiscal solicitó el desglose de la causa, desgajando la parte que afecta al llamado I.B. con el fin de no continuar paralizando el procedimiento principal. La petición fue estimada, acordándose la apertura de una pieza separada para este investigado.
De este modo, el juzgado continuará el procedimiento respecto del resto de acusados, mientras que en relación con I.B. se ha decretado su búsqueda y captura, al no haber sido posible su localización para la correspondiente citación judicial.
La decisión persigue salvaguardar los principios de celeridad y eficacia procesal, evitando nuevas suspensiones que dilaten el enjuiciamiento de los demás procesados en esta causa por tráfico de sustancias estupefacientes.
Acceso a la defensa y origen de las escuchas
Durante la sesión, uno de los letrados de la defensa puso de manifiesto una cuestión de especial relevancia procesal: la falta de acceso a determinados documentos incorporados a la causa.
En concreto, señaló no haber podido examinar informes de la Policía marroquí ni la manifestación de uno de los testigos prestada ante la Policía Nacional.
Esta circunstancia adquiere particular importancia, ya que de dichas actuaciones se deriva la resolución judicial que autorizó la intervención telefónica de los acusados. Las escuchas constituyen uno de los elementos nucleares de la investigación, al sustentarse en ellas buena parte del material incriminatorio.
Ante esta situación, se acordó que el letrado de la Administración de Justicia facilite a la defensa la documentación referida.
En caso de no obrar en autos o persistir la controversia, se valorará la citación del instructor para aclarar los extremos relativos a la incorporación de esos informes y su incidencia en la autorización de las escuchas, en aras de garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
Las investigaciones de la Policía Nacional
El modus operandi, mantiene el Ministerio Público en base a las investigaciones del CNP, era el siguiente. Los acusados se dedicaban a adquirir grandes cantidades de pastillas mediante la entrega de recetas médicas obtenidas ilícitamente. Lo hacían en farmacias de Ceuta, pero también en otras de la Península.
Cuando ya tenían las pastillas se concertaban con otras personas que no han sido identificadas para que las ocultaran en coches y las transportaran a Marruecos. Los vehículos eran cargados en garajes ubicados en Los Rosales, cerca de la antigua prisión.
La Policía llevó a cabo varios seguimientos a los sospechosos hasta comenzar las detenciones. Así, en octubre de 2023 sorprendieron a uno de los acusados saliendo de una vivienda de Sevilla con 720 comprimidos de Rivotril y 60 de Clonazepan, valorados en 4.500 euros. En cadena procedieron a los 4 arrestos.
Las penas solicitadas
A tres de los acusados se les pide pena de cárcel por tráfico de drogas, en concreto 3 años de prisión. Mientras que solo a 3 de ellos se les añade una petición de 1 año más de privación de libertad por delito de organización criminal.
Esta operación se encuadra en un periodo en el que se produjo un repunte en el tráfico de pastillas, llegando a dispararse el precio de la mercancía para su introducción en Marruecos.
En base a informes de las fuerzas de seguridad se llegó a cifrar el pago de hasta 8 euros por un solo comprimido.
