El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha puesto en evidencia la creciente externalización de servicios sanitarios en la ciudad autónoma, criticando la discrepancia entre el discurso oficial sobre la defensa de la sanidad pública y la realidad asistencial.
Según el SMC, mientras en otras comunidades autónomas se promueven leyes para limitar la colaboración público-privada, en Ceuta se consolidan fórmulas de gestión externa bajo la supervisión directa del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Este patrón, según el sindicato, refleja un déficit estructural de planificación y de recursos humanos, más que situaciones coyunturales aisladas.
Contratos externos en salud mental
En los últimos días, Ingesa ha publicado un contrato para la gestión externa de parte de la atención de Salud Mental, con un valor aproximado de 380.000 euros anuales, ampliable hasta 760.000 euros mediante prórroga.
Aunque la institución califica esta medida como “puntual y complementaria”, el SMC advierte que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón recurrente que responde a la falta de médicos propios en especialidades clave. La contratación externa permite cubrir vacantes inmediatas, pero no resuelve el déficit estructural de profesionales.
El sindicato critica que estas prácticas fragmentan la atención, debilitan la calidad del sistema público y no ofrecen soluciones a largo plazo. “La sanidad pública no se protege con parches administrativos ni campañas mediáticas; se defiende con planificación y recursos humanos suficientes”, señalan desde el SMC.
Contradicción entre discurso y realidad
El SMC subraya la contradicción entre el discurso del Ministerio de Sanidad —que promueve iniciativas legislativas en defensa de la sanidad pública— y la realidad asistencial en Ceuta, marcada por la dependencia de proveedores externos.
Según el sindicato, esta situación afecta especialmente a la salud mental, donde la escasez de especialistas y la falta de incentivos para atraer profesionales a Ceuta han convertido la externalización en la solución recurrente. En otras palabras, la falta de planificación y de inversión en personal provoca que el sistema público recurra a la contratación externa como única alternativa para mantener la atención.
Riesgos para la continuidad y equidad asistencial
El SMC advierte que depender de recursos externos en una ciudad con déficit estructural de profesionales es un riesgo para la continuidad, calidad y equidad de la atención sanitaria.
La contratación de servicios externos puede derivar, según el sindicato, en una privatización encubierta de servicios esenciales, debilitando la capacidad del sistema público para ofrecer cobertura integral.
Desde el SMC señalan que los contratos externos no sustituyen ni sustituirán jamás la presencia de profesionales propios, y que la sanidad pública requiere políticas que refuercen plantillas, mejoren condiciones laborales y ofrezcan incentivos para retener y atraer especialistas.
Exigencias del Sindicato Médico
Ante esta situación, el SMC plantea una serie de demandas concretas:
- Transparencia total sobre los criterios que justifican la contratación externa de servicios sanitarios.
- Garantías de que ningún servicio esencial quede en manos de proveedores privados que puedan fragmentar la atención.
- Refuerzo de la plantilla de salud mental y otras especialidades deficitarias, con incentivos y condiciones laborales atractivas.
- Coherencia entre discurso y acción del Ministerio, evitando promocionar la sanidad pública únicamente con lemas o campañas mediáticas.
El sindicato enfatiza que la protección efectiva de la sanidad pública depende de planes sólidos que aseguren profesionales, recursos y servicios públicos robustos y equitativos para toda la ciudad.
Una cuestión estructural, no puntual
El SMC concluye que la externalización en Ceuta no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de un problema estructural. Mientras el Ministerio proyecta una imagen de defensa de la sanidad pública, la realidad en Ceuta refleja dependencia de proveedores externos, falta de planificación y escasez de especialistas, especialmente en áreas críticas como la salud mental.
Según el sindicato, solo con inversión real en recursos humanos y condiciones competitivas para los profesionales será posible garantizar que la sanidad pública funcione de manera continua, equitativa y de calidad, evitando que la ciudad dependa de fórmulas externas que ponen en riesgo la atención de la población.
