El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación que no solo está destinada a familias, sino que también protege a individuos que viven de forma independiente, pues es perfectamente posible acceder a esta ayuda aunque el solicitante viva solo y no tenga personas a su cargo, siempre que se cumplan criterios específicos de edad y situación civil, información que puede resultar útil para algún vecino de Ceuta.
Para los beneficiarios individuales, la norma general establece que el solicitante debe tener al menos 23 años.
Además, es imprescindible no estar casado —a menos que se esté en trámites de separación o divorcio— ni unido a otra persona como pareja de hecho.
No obstante, existen excepciones importantes donde no se exige el requisito de edad mínima ni haber iniciado trámites de separación:
- Mujeres mayores de edad o menores emancipadas que sean víctimas de violencia de género.
- Víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual.
- Personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores (habiendo estado bajo tutela en los tres años anteriores a la mayoría de edad) o que sean huérfanos absolutos, siempre que vivan solos.
Acreditación de vida independiente
Uno de los pilares para acceder al Ingreso Mínimo Vital como beneficiario individual es demostrar la independencia del hogar familiar. Los requisitos varían según la edad del solicitante:
- Menores de 30 años: deben acreditar haber vivido de forma independiente en España durante los dos años anteriores a la solicitud. Se considera vida independiente si el domicilio ha sido distinto al de los progenitores o tutores y si, durante ese periodo, el solicitante ha estado de alta en la Seguridad Social (u otras mutualidades) durante al menos doce meses, continuados o no.
- Mayores de 30 años: en este caso, solo deben acreditar que, durante el año anterior a la solicitud, su domicilio ha sido distinto al de sus padres o tutores.
Es fundamental destacar que estas exigencias de domicilio independiente no se aplican si el cese de la convivencia se debió al fallecimiento de los progenitores, ni tampoco a personas sin hogar, víctimas de violencia de género o de trata, o quienes hayan iniciado trámites de divorcio.
Exclusiones por servicios residenciales
Las fuentes advierten que, por norma general, no tienen derecho a esta prestación aquellas personas que sean usuarias permanentes de un servicio residencial de carácter social, sanitario o sociosanitario.
No obstante, esta restricción cuenta con una excepción de protección para las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata y explotación sexual, quienes sí podrían acceder a la prestación aun encontrándose en dichos servicios.
