Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el Partido Popular de Ceuta ha emitido una denuncia sobre la situación "crítica y sostenida" que afecta a la atención a la salud mental en la ciudad autónoma.
De acuerdo con el señalamiento de la formación, esta realidad no es un problema puntual, sino que se ha agravado profundamente durante el último año bajo la gestión directa del Ingesa y el Ministerio de Sanidad, quienes ostentan la responsabilidad exclusiva de las competencias sanitarias en el territorio.
El principal inconveniente identificado es la falta de psiquiatras, una carencia que ya se prolonga por más de doce meses y que ha impedido dar estabilidad a la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario de Ceuta.
Renuncias, bajas y falta de personal propio
La combinación de renuncias, bajas prolongadas y la inexistencia de personal propio ha dejado la atención especializada bajo mínimos, obligando a las autoridades a recurrir a soluciones improvisadas y derivaciones externas que rompen la continuidad asistencial necesaria para los pacientes.
Además de la crisis de personal, el PP señala el cierre de la planta de psiquiatría y la ausencia de guardias específicas en esta especialidad como factores que agravan la precariedad.
Esta carencia obliga a otros departamentos hospitalarios a asumir funciones para las que no están designados, resultando en traslados forzosos de pacientes fuera de Ceuta en momentos de especial vulnerabilidad.
El olvido de la salud mental infantojuvenil
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la situación de los menores. A pesar de los constantes anuncios oficiales, Ceuta sigue sin disponer de una unidad de salud mental infantojuvenil.
Esto ha provocado que la atención a menores con trastornos como el autismo, el TDAH o la depresión sea externalizada fuera de la ciudad, privando a las familias de una atención cercana y planificada.
Crítica a la gestión por "parches"
Desde el Partido Popular critican que el Ingesa haya optado por la externalización de miles de consultas como una medida temporal que no aborda el problema de fondo.
Consideran inaceptable que el Gobierno de España mantenga este nivel de precariedad asistencial en un servicio que debería ser prioritario. Por todo ello, exigen una respuesta real y estructural que sustituya la actual política de "parches" por un proyecto serio y acorde a las necesidades de la población ceutí.
