A nadie le puede extrañar que en estos tiempos donde se ha puesto como prioridad absoluta la racionalización del gasto en las administraciones públicas que el Ingesa haya tomado la decisión de que a partir del próximo mes de octubre todos los asegurados de compañías privadas que no pertenezcan al régimen general de la Seguridad Social recibirán al darles de alta la factura por los gastos derivados de su operación, mientras que hasta ahora las remitían de manera directa a las propias compañías. Y es que nos encontramos con un débito de un millón de euros que se hace insoportable para la administración sanitaria de nuestra ciudad. Por supuesto, que el ochenta por ciento de ese dinero corresponde únicamente a una determinada empresa, pero está claro que si se adopta el acuerdo es imposible poder diferenciar a los pacientes de una u otra compañía, porque sería crear una discriminación en favor de alguien. Lo normal hubiera sido no permitir que esa bolsa haya llegado hasta las cifras que apuntan hoy en día. Los afectados son los que, desde ya, deben protestar y rebelarse contra quienes están provocando esta situación.
