En un comunicado de prensa, el primer partido de la oposición señala que la Ciudad enajenó en 2011 la parcela llamada Huerta Molino por 3.000.000 de euros a una empresa del presidente de la Cámara de Comercio y reflejan que éste ha incumplido el contrato y, a pesar del tiempo transcurrido, no abona el precio establecido. Añaden que “según los informes obrantes en el expediente, la Ciudad debe proceder a la rescisión del contrato y a imponer las penalizaciones estipuladas, que en su conjunto suman 900.000 euros. A pesar de la rotundidad de los informes jurídicos el Gobierno se mantiene inexplicablemente pasivo sin cobrar la parcela ni rescindir el contrato (lo que implica el cobro de los 900,000 euros de penalizaciones), ocasionando un grave perjuicio a los intereses generales. No se puede comprender que el mismo Gobierno que está extremando todas las medidas para obtener ingresos, en muchos casos asfixiando a modestos contribuyentes que atraviesan graves dificultades, se pueda permitir el lujo de renunciar al cobro de tan elevadas cantidades”.
