La Protectora de Animales y Plantas de Ceuta quiere aclarar con absoluta rotundidad que la paralización del CER no se debe a una sobrecarga del equipo veterinario, como se intenta trasladar a la opinión pública, sino a la negativa de la empresa adjudicataria a seguir ejecutando un servicio para el que tiene una encomienda vigente y unas obligaciones perfectamente definidas.
No es una cuestión técnica ni sanitaria: es un problema de incumplimiento empresarial, y la ciudad no puede permitirse que un servicio esencial quede paralizado por la decisión unilateral de una empresa que no está alcanzando sus objetivos.
También debemos recordar que el presupuesto destinado al Colegio de Veterinarios no es ninguna novedad ni ningún avance reciente. Es una partida que existe todos los años y que, además, lleva tiempo siendo insuficiente para cubrir toda la demanda real: CER, control poblacional, atención veterinaria del Centro Zoosanitario, intervenciones urgentes y seguimiento sanitario.
Intentar presentar esta financiación como un logro extraordinario es un intento de desviar la atención de la verdadera causa del problema.
La realidad es clara y no admite reinterpretaciones: existe una empresa con una encomienda pública que no está cumpliendo, y mientras se intenta trasladar la responsabilidad a veterinarios, voluntarios o al propio CER, la ciudad queda desprotegida en un momento especialmente delicado tras un foco de rabia.
Presumir de una buena gestión cuando se paraliza el principal programa de control poblacional y cuando el Zoosanitario tampoco recibe la atención veterinaria necesaria es faltar a la verdad.
Es imprescindible decirlo: el CER no es un capricho ni una actividad complementaria; es una herramienta sanitaria reconocida internacionalmente que reduce camadas, evita desbordamientos, previene zoonosis y mejora la convivencia. Y ningún programa de este nivel puede depender del voluntariado porque exigiría una irresponsabilidad sanitaria enorme: captura, contención, intervenciones quirúrgicas, medicación, cuarentenas y trazabilidad no pueden recaer en personas que no tienen competencias ni obligación legal.
La ciudad necesita asumir de una vez que el control poblacional y el bienestar animal son competencias públicas y deben gestionarse con rigor, recursos y transparencia.
Por ello, exigimos que se aclare públicamente qué está ocurriendo con la empresa adjudicataria, por qué no está cumpliendo su encomienda y por qué se intenta presentar como un problema de carga profesional o de voluntariado lo que en realidad es un fallo grave de gestión.
Reclamamos la reactivación inmediata del CER, el refuerzo de los servicios veterinarios y una planificación seria que no quede al albur de decisiones empresariales.
La Protectora está dispuesta a colaborar como siempre lo ha hecho, pero no vamos a asumir competencias que no nos corresponden ni permitir que se normalice una versión que no se ajusta a los hechos.
La ciudadanía merece claridad, responsabilidad y gestión real, no titulares que encubran una situación que afecta directamente a la salud pública y al bienestar animal.
