La denuncia que ha trasladado -vía informe- la AUGC al Defensor del Pueblo es lo suficientemente grave como para que el delegado del Gobierno dé los pasos oportunos para que se actúe como se debe. Porque, hasta el momento, lo que se está haciendo es un flaco favor al ciudadano del que saca tajada el mundo del narcotráfico. El tráfico de estupefacientes ha alcanzado cotas alarmantes y lo que no puede permitirse es que la administración siga sin adoptar los medios requeridos y sin solucionar las quejas publicadas. Algunas tan ridículas como la tomadura de pelo que sufren los agentes de la Policía Nacional que cuando detienen a un culero en el puerto se ven obligados a trasladarlo al Hospital para que se le realice la oportuna placa, en vez de servirse del ATS que Aduanas tiene en la zona y que sólo está al servicio de la Guardia Civil. Los delincuentes aprovechan situaciones tan ridículas para avanzar más pasos de los que ya llevan por delante a la administración que, de forma incongruente, calla y no actúa. De una asociación no se puede esperar más que denuncias como las que lleva a cabo de forma valiente. Una administración, en cambio, tiene la obligación de que el sistema funcione. Y hoy por hoy, en la ruta Ceuta Algeciras no lo está haciendo.
