El Gobierno decidió ayer, ya con Juan Vivas sobre el asunto, que intentar llevar el pliego original para la adjudicación del nuevo servicio unificado de limpieza viaria; recogida de residuos domésticos; suministro, mantenimiento y lavado de contenedores y papeleras; y recogida, retirada, almacenamiento, transporte e incineración de subproductos animales no destinados al consumo humano traería más quebraderos de cabeza que beneficios.
Con las manos atadas por un documento que, en la práctica, obligaba a rechazar a una de las dos concurrentes (la del Grupo Sacyr) o a las dos (también a Urbaser-FCC), con las amenazas nada veladas de acudir a los Juzgados a defender sus derechos de ambas licitadoras y con la advertencia pública de Caballas de hacer lo mismo si el Ejecutivo local no optaba por hacer borrón y cuenta nueva, el Gobierno tomó ayer la decisión de dar marcha atrás, desistir del pliego y anular el procedimiento de adjudicación abierto.
Esa fue la conclusión alcanzada después de la tercera reunión entre técnicos y políticos, esta vez ya con el presidente Vivas en el cónclave, convocada sobre el mismo tema tras las celebradas el martes y el jueves. En la primera, los técnicos ya dejaron el pliego al borde del precipicio al advertir tanto de que los criterios de valoración que recogía eran “subjetivos” como de que eludía exigencias legales como la de incluir un inventario del material público que se pondría a disposición de la nueva concesionaria.
La inclusión de requisitos con fórmulas de difícil concreción, como la de “presentar compromiso formal de instalaciones centrales” con un mínimo de 5.500 metros cuadrados acabaron por tejer el laberinto que obliga a la Ciudad a dar marcha atrás, como ya hizo en junio con el nuevo contrato de alumbrado público, y asumir la necesidad de redactar un nuevo pliego.
La cancelación del contrato la firmará Guillermo Martínez la semana próxima y presumiblemente al nuevo pliego se le quitará el servicio de desechos de animales.
