El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, afirmó ayer que, “como no puede ser de otra manera” el Gobierno de la Ciudad acatará la sentencia de la Audiencia Provincial por la que ha condenado a dos años de prisión e inhabilitación a dos funcionarios adscritos a la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local por excederse en el uso de la fuerza durante una detención ocurrida en 2005.
Martínez explicó que se acatará lo que diga la sentencia con independencia de que concurrieran las circunstancias adecuadas para que se pudiera recurrir también por parte de la administración esta sentencia que afecta a dos funcionarios públicos.
