La Unión General de Trabajadores (UGT) considera “insuficiente” el refuerzo de la plantilla de vigilantes de seguridad en el Centro de Menores La Fuente de Ceuta, que pasó de dos a tres agentes tras la agresión sexual denunciada por una trabajadora social a finales de agosto.
Una reciente incorporación que no ha impedido que el pasado fin de semana se viviera un nuevo episodio de violencia en un contexto de “sobreocupación” de las instalaciones.
“No es lo mismo garantizar la seguridad para 50 personas y 15 trabajadores que cuando tienes 300 usuarios y siguen siendo los mismos efectivos de seguridad”, ha denunciado el responsable del Sector de Seguridad Privada de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Ceuta, Antonio Acedo.
Asimismo, el sindicalista ha condenado los altercados vividos en los últimos dos meses y ha advertido que con tres vigilantes “no se da abasto”.
Los recursos de acogida de menores, gestionados por la Ciudad, sufren una “sobreocupación del 584 por ciento al atender a más de 560 menores pese a contar con 132 plazas como máximo”, según la última actualización de datos facilitada por el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez.
El de La Fuente, al igual que el otro centro ubicado en el polígono del Tarajal, ‘Nueva Esperanza’, es un recurso extraordinario habilitado de manera temporal para hacer frente a la saturación.
Cinco internos esta semana en ‘Punta Blanca’
Y es que seis residentes de La Fuente han ingresado desde agosto en el Centro de Internamiento de Menores Infractores ‘Punta Blanca’ por orden judicial. Los cinco últimos este lunes, tras protagonizar un incidente en el que hirieron a los tres vigilantes de seguridad del centro.
El juez decretó una medida de internamiento cautelar acusados de los delitos de desórdenes públicos, amenazas y lesiones.
En aquel altercado participó también un adulto, que fue condenado a cuatro meses de prisión y a una orden de alejamiento de un año y cuatro meses del centro de menores por los mismos delitos.
Uno más el pasado agosto
Dos meses antes, el 27 de agosto, fue internado en Punta Blanca el menor denunciado por una trabajadora social de La Fuente por una presunta agresión sexual y donde también resultaron heridos los dos vigilantes de seguridad que acudieron en su auxilio.
Tras este suceso, la plantilla de seguridad del centro de menores fue incrementada con un nuevo efectivo, que también terminó por ser agredido este pasado fin de semana.
Ampliación del equipo de seguridad
“El problema es que siempre se amplía el equipo de seguridad cuando sucede lo que no han querido ver desde el principio. Pero cuando hay que recortar, ¿dónde se recorta? En lo que no es necesario, como la seguridad. Pongo lo mínimo que me exige la ley, y después, cuando sucede algo grande, decimos que creíamos que no era necesario porque eran menores”, ha reflexionado Antonio Acedo.
Según el sindicalista, tras el altercado vivido en agosto, en el centro reconocieron que “había fallado el protocolo de seguridad” por tener “un número deficiente de operativos”.
Para Acedo, el “problema” se resume en que “agredir a un vigilante parece gratuito” desde que en 1992 les fue arrebatada la consideración “de agentes de la autoridad”.
Agentes de la autoridad
El ugetista ha denunciado la desprotección legal del personal de seguridad privada. Acedo ha recordado que, desde la aprobación de la Ley de Seguridad Privada de 1992, los vigilantes perdieron la consideración de agentes de la autoridad, lo que deja las agresiones que sufren en el ejercicio de sus funciones “al mismo nivel que una pelea entre particulares en la calle”.
“Agredir a un vigilante parece gratuito, porque la ley no reconoce el carácter público de nuestro trabajo”, ha lamentado.
Acedo ha ensalzado el trabajo del responsable federal del sector, Diego Giráldez, quien mantiene actualmente conversaciones con el Ministerio del Interior para reivindicar un reglamento que vuelva a incluir a los vigilantes de seguridad como agentes de la autoridad.
El sindicalista ha recordado que el problema no es exclusivo de los centros de menores: “Si miramos hacia atrás, las agresiones a vigilantes se han dado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en el hospital. Volvemos a repetirlo: el reglamento de seguridad privada o el código penal tendrían que cambiarlo un poquito”.
Asimismo, ha vaticinado que, tras el refuerzo de personal experimentado en La Fuente, “cuando sea necesario recortar, volverán a reducir la plantilla”
“Cuando se redactan los pliegos de condiciones, se pone lo mínimo que exige la ley. Y cuando ocurre una agresión, se reacciona ampliando un vigilante más, como si fuera un parche temporal. Después, cuando baja la ocupación, vuelven a recortar seguridad”, ha denunciado.
A su juicio, el trabajo en entornos “tan sensibles” requiere equipos especializados y funciones diferenciadas.
“No podemos tener a un solo vigilante haciendo de todo, como una llave inglesa que sirve para cualquier cosa. Tiene que haber personal suficiente y con tareas bien delimitadas: unos atendiendo incidencias, otros protegiendo al personal técnico o a los menores, y siempre con coordinación”, ha concluido.
Estos centros deberían de estar todos cerrados y sus ocupantes en sus casas con sus padres. Centros que ya estamos viendo para lo que sirven.
De seguridad? No sólo eso. Más bien falta de criterio y de vergüenza por parte de quienes son responsables del catarro. Si se dejara de premiar (sí, como suena) comportamientos agresivos (por ejemplo, siendo los primeros en salir a la península) o, mejor aún, si se los retiene aquí hasta la mayoría de edad y se les expulsa, igual cambia algo.