Los socialistas preparan las enmiendas al nuevo reglamento que regulará el alojamiento alternativo, así lo ha advertido el secretario de Políticas Sociales del PSOE ceutí,
Pablo Núñez, quien en su cuenta de facebook critica que, en lo relativo al alojamiento de emergencia no añade ninguna nueva regulación, cuando “es necesario regular más”.
“No tenemos ningún recurso de la Ciudad para alojar a la gente que está en esta situación de emergencia y ya que ahora es definitivo que el albergue de Hadú no irá destinado a este uso, el Gobierno tiene que aclarar cómo va a organizar esto”, matiza.
Por otro lado considera “restrictivas” las modificaciones del reglamento planteado, porque “se les está poniendo más requisitos para acceder a la ayuda a quienes más la necesitan”.
“Hay casos, como el del acoso laboral que no tienen cabida según el reglamento, como la situación de un empleado que decide abandonar su puesto tras haber sufrido acoso laboral. Esta persona, según el Reglamento, no tendría derecho a acceder a ningún tipo de ayuda”, matiza el portavoz socialista, quien también explica que desde su partido plantearán igualmente las dudas sobre la cantidad asignada para la ayuda al alquiler, que pasará de 600 euros mensuales a un máximo de 300 euros. “¿Por qué una reducción tan drástica cuando el precio medio del alquiler en Ceuta se sitúa en unos 700 euros?”, se pregunta. “Además propondremos la creación de mecanismos de incorporación social para beneficiarios que llevan mucho tiempo cobrando esta ayuda social”.
A los dependientes moderados les toca esperar a 2015
El PSOE está también preocupado por la situación de “indefensión” en la que van a quedar aproximadamente 820 personas en Ceuta y Melilla, que tienen la consideración de dependientes moderados debido a la Paralización de Ley, hasta el 1 de julio de 2015, para ese colectivo en su incorporación al sistema de protección social incluido en la Ley de Dependencia. A julio de 2012, los socialistas recuerdan que hay más de 400.000 personas que ya han sido valoradas como dependientes moderados y que tendrán que esperar 3 años para percibir una prestación o servicio “que no puede verse como un lujo, sino como una necesidad”. Precisamente por ello se va a iniciar una campaña informativa para llegar hasta estos colectivos afectados.
